­El proyecto del metro de Málaga se ha convertido en un juego político lleno de matices y deslealtades, con la ciudad como atónita espectadora de un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga por si se construye un tranvía, como defiende el gobierno regional, o un metrobús (técnicamente se le denomina autobuses BRT), como propone el Consistorio, para prolongar la línea 2 del metro desde el Guadalmedina hasta el Hospital Civil.

Este tramo, que consta de 1,8 kilómetros de longitud lineal, se firmó el 11 de noviembre de 2013 entre las dos partes como solución al problema de la llegada del metro bajo tierra hasta Torregorda, pretensión municipal tras su rechazo al tranvía en superficie en la Alameda propuesto por una consejera de IU cuando era socio de gobierno del PSOE. Como contrapartida se firmó un protocolo de intenciones donde se recogía que se construiría un tranvía, mediante plataforma reservada en superficie, desde la estación de Guadalmedina, a través del eje conformado por las calles Armengual de la Mota-Hilera-Santa Elena-Eugenio Gross y Blas de Lezo, hasta el entorno de los hospitales Civil y Materno.

Hoy este «protocolo de intenciones» es un papel mojado, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Rodeado de los concejales de Urbanismo y Movilidad, el gerente de la EMT y otros miembros de su equipo, afirmó:

«Nosotros no firmamos un convenio, firmamos un protocolo de intenciones que no nos ata a nada. Lo firmamos engañados, utilizados, y por la responsabilidad de que, si no lo hacíamos, el metro no se abriría en julio de 2014 por la financiación que daba el el Banco Europeo de Inversiones (BEI)».

Nueva defensa. Esta es la nueva base de defensa del Ayuntamiento para oponerse a la construcción de un tranvía hasta el Hospital Civil que se firmó en 2013.

Primero fue un posicionamiento político, de que no apoyarían un proyecto que no tuviera un consenso vecinal. Precisamente ayer, las dos plataformas de vecinos y comerciantes que rechazan el tranvía presentaron en el Registro del Gobierno andaluz unas 10.500 firmas en contra del tranvía.

Luego presentaron un demoledor informe técnico elaborado por la Gerencia de Urbanismo en contra de las pretensiones de la Junta de Andalucía de construir el tranvía. Alegaban que atenta contra las leyes urbanísticas de la Junta y del propio Consistorio, que tendría un gran impacto sobre el tráfico al afectar a uno de los pocos ejes norte-sur de la ciudad y que deja en el aire cómo se haría una hipotética línea 4 que discurre entre el Guadalmedina y Las Virreinas.

Y, por último, presentaron una solución técnica, el famoso «metrobús», que según De la Torre es una alternativa más barata (5 millones por los 41 del tranvía), asegura un número de viajeros mayor que el tranvía, no afecta al tráfico de la zona y se prolongaría incluso a La Rosaleda.

Todos estos argumentos han sido rechazados ya por la Junta de Andalucía, pero el alcalde de Málaga se agarra a que aún espera una contestación «técnica, que no política» del propio consejero de Fomento. «El consejero aún no ha rechazado la propuesta municipal de una plataforma reservada de al menos siete metros de ancho para autobuses de gran capacidad y preferencia en los semáforo. Sólo ha hablado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga y sin leerse el proyecto», insiste.

Además, el alcalde quiso desmontar otro de los argumentos de la Junta de Andalucía de que tanto la empresa concesionaria como el propio BEI sólo apoyarían el tranvía: «He hablado con ambos y no plantean problemas a lo que propone el Ayuntamiento, sólo piden que haya consenso».

Hoy, reunión del consejo. Un consenso que no existe y bajo este clima de enfrentamiento hoy se reúne el consejo de administración de la concesionaria para decidir qué acciones tomar ante el rechazo municipal al proyecto del tranvía y su propuesta alternativa del metrobús. Aunque la decisión final se tomará tras votación de todos los socios, los primeros indicios hacen pensar que la concesionaria insistirá en el proyecto que ya estaba consensuado.

Un dato especialmente significativo es el hecho de que gran parte de la decisión esté en manos de los nuevos accionistas del metro. La salida de Cajamar, Sando, Azvi y FCC ha restado capacidad de influencia municipal en este consejo de administración, cuyo 49% se encuentra en manos de fondos de inversión extranjeros (australianos, franceses, británicos y canadienses). Esta situación no es baladí, ya que apenas existe contacto directo del Ayuntamiento de Málaga con los nuevos accionistas, que buscan asegurar la rentabilidad y la seguridad de la inversión.

De la Torre negó ayer que este rechazo al tranvía se deba a cuestiones económicas, a las aportaciones que deba hacer el Ayuntamiento. En este sentido, De la Torre recordó que la Junta no ha firmado la adenda, un documento que complementaba al protocolo de noviembre de 2013 y que debía aclarar las obligaciones económicas de cada administración, en especial del Ayuntamiento. Éste tiene una primera factura de 32,32 millones de euros pendiente de cerrar desde hace cuatro años y que corresponde a la participación municipal de las obras del metro hasta 2012. Además, se le ha acumulado otra de 14 millones de euros, por las obras de 2012 a 2014 y faltaría concretar la aportación municipal de cada año para sostener el metro, y que podría rondar los 15 millones de euros.

En caso de que no se alcance ningún acuerdo, Pomares recordó que al Gobierno andaluz le queda la posibilidad de hacer el tranvía declarándolo de «interés general», pero nadie del equipo de gobierno quiso desvelar cuál sería la postura municipal llegado a este extremo.