­El valor del convenio firmado y los posibles perjuicios a las empresas implicadas en la construcción del metro de Málaga son los aspectos que más destacan los representantes de distintos agentes sociales y económicos de la ciudad, que piden al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía que recuperen el consenso perdido.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, pone el dedo en la llaga: «Nos preocupa mucho esta situación a nivel empresarial, porque siempre pedimos lealtad institucional, estabilidad y seguridad jurídica». En este sentido, recordó que «son los empresarios de la concesionaria» los principales perjudicados. González de Lara asegura que «no se trata de un proyecto que se haga o no, sino de un compromiso contratado con un adjudicatario que tiene unos plazos y cuyo incumplimiento pone en riesgo la viabilidad global del proyecto del metro».

«Sin negar que es relevante la opinión de los vecinos, también lo es la opinión de la concesionaria», advirtió el presidente de la CEM, quien afirma que se está «poniendo en riesgo la imagen de la ciudad ante nuevos inversores».

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Juan Cobalea, mostró el temor de que el proyecto del metro «se corte y quede una red muy reducida, sin visión de lo que requiere una solución global al transporte de Málaga». Cobalea conminó a ambas instituciones a «ver los compromisos con el BEI y la concesionaria antes de tomar una decisión». «Está claro que el metro debe lograr viajeros y llegar ahí permitirá alcanzar una masa crítica», apuntó.

Emilio López Caparrós, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), recordó que «si hay un acuerdo firmado debe respetarse. Otra cosa es que, de forma negociada, se modifique, pero si no hay acuerdo, que se cumpla lo firmado». «Hay que respetar los convenios, ya que cualquier incumplimiento supondrá un coste importante para todos», aseveró.

El decano del colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, reconoció que buscar una solución «tendría que salir de un estudio técnico en profundidad y se debería saber desde hace mucho tiempo». Para Sarabia, esta situación «pone en riesgo el futuro de una propuesta ilusionante para la ciudad».

El representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, se mostró dispuesto a que el colegio medie entre las administraciones, ofreciéndose para realizar un informe técnico de todas las opciones «sin componentes políticos». «No conozco el convenio de 2013, pero si venía todo muy claro, a estas alturas choca el cambio de opinión», añadió.

El presidente de la Diputación de Málaga y del PP malagueño, Elías Bendodo, instó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a que «se sienten las horas que hagan falta y busquen una solución» para desbloquear el proyecto y afirmó que «entiendo la postura de Metro de Málaga, porque tiene que ser un proyecto viable» y sería una pena que «el proyecto se perdiera».