Los juzgados de lo Penal malagueño contabilizaban a finales de 2015 una bolsa de 17.537 sentencias sin ejecutar, según los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con lo que Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número de ejecutorias sólo por detrás de Sevilla, que contabilizó 19.060, y seguida de Cádiz, con 15.863.
Pese a todo, la disminución de las sentencias sin ejecutar en la provincia ha sido espectacular, ya que en 2011 llegó a superarse ampliamente la cifra de 25.000, cayendo ahora hasta más de 17.500, aunque la situación sigue siendo de enorme colapso.
«Llevamos desde 2008 a 2016 reduciendo el número de ejecutorias, son ocho años. Si la progresión continúa, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para ponernos a cero? ¿25 o 30 años?», explica el responsable provincial de SPJ-USO, Adriano Moreno, quien explica que «faltan medios».
«¿Que qué nos hace falta? Jueces de refuerzo y funcionarios que tramiten ejecutorias», dice tajante. Fue una sentencia sin ejecutar por abusos sexuales la que permitió que el pederasta Santiago del Valle asesinase a la pequeña onubense Mari Luz en 2008, pues cometió el crimen cuando debía estar en la cárcel. La secretaria del juzgado de lo Penal sevillano encargado de hacer cumplir aquel fallo fue sancionada, al igual que el juez, y ambos fueron objeto de críticas en todo el país, lo que llevó a sus compañeros a ponerse en huelga para denunciar la falta de medios materiales y humanos que sufren estas oficinas judiciales, lo que favorece el colapso judicial una y otra vez. No hay manos para tantos expedientes.
«Los juzgados de lo Penal tienen mucho atraso dese hace años y es una barbaridad. Hay mucha gente esperando recibir una indemnización, que se repare su coche o que se le paguen los daños que han sufrido su coche o su vivienda; hay gente condenada a la espera de entrar a la cárcel o infractores de tráfico que aguardan a que les quiten el carné de conducir: son casos con nombres y apellidos, aunque hay que recordar que los más graves van a la Audiencia Provincial de Málaga», reflexiona Moreno.
¿Cuál es la solución? En Málaga hay 14 juzgados de lo Penal, dos de ellos especializados en Violencia sobre la Mujer. Cada una de estas oficinas cuenta con ocho funcionarios, por lo que la idea subir la plantilla hasta los diez, es decir, un tramitador y un gestor más por negociado para que se encarguen expresamente de las ejecutorias. «Hay que aumentar las plantillas de funcionarios y, por otro lado, contar con cuatro jueces de refuerzo más sacando papel», explica Moreno.
En su opinión, la planta de los juzgados de lo Penal está infradotada y habría que crear mínimo tres para que el reparto del trabajo sea más ecuánime. «No hay planes de refuerzo», subraya el dirigente sindical.
Especialización
Lo cierto es que este problema preocupa y mucho a los responsables judiciales. No en vano, el último juzgado de lo Penal en crearse, el 14, nació para llevar asuntos normales y finalmente se ha optado por especializarlo en Violencia sobre la Mujer para ayudar a reducir el atasco que arrastran los números 12 y 13 sobre todo debido a los juicios rápidos por delito. Pese a ello, el juez decano de Málaga, José María Páez, y otros responsables pidieron en los foros de decisión que lo ideal hubiera sido crear un décimo quinto juzgado, porque al final lo que ha sucedido es que se ha desvestido a un santo para vestir a otro. El mismo TSJA pide en su memoria de 2015 otro órgano de lo Penal, aunque el cambio de Gobierno y las restricciones presupuestarias debido a la crisis económica convierten esa petición prácticamente en un brindis al sol.
Adriano Moreno destaca que, no obstante, las causas con preso se juzgan muy rápido, aunque la media normal de retraso la sitúa en dos años desde que llega el expediente al negociado y se celebra la vista. «El retraso no tiene lugar con la sentencia, sino después, cuando está el fallo y hay que ejecutarlo, ahí nos podemos ir a los cinco, seis o siete años según el caso», declara.
En Andalucía, quedaban pendientes a final de año 77.175 sentencias sin ejecutar; en 2015 se registró la entrada de 77.328 y se resolvieron 114.427. «Por provincias, puede observarse que la pendencia de ejecutorias penales ha disminuido en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga y ha subido en Granada y Sevilla», dice el Alto Tribunal andaluz en la memoria relativa a 2015.
Eso sí, pese al esfuerzo realizado, el TSJA considera que la «pendencia sigue siendo excesivamente elevada, lo que conduce a repetir, una vez más, que la puesta en marcha de servicios comunes de ejecución es la medida más efectiva».
