Riesgo social

Una familia en busca de vivienda pública

Macarena Bernedo y Francisco Javier Ibáñez, con dos hijos menores se enfrentan a una orden de desahucio prevista para el 15 de julio

16.05.2016 | 02:00

No son los únicos en esa situación, pues a ellos se suman 589 registrados en riesgo de exclusión social - Dada las condiciones actuales, el Instituto Municipal de la Vivienda sólo cuenta con los medios para poder ayudar, aproximadamente, a un centenar de familias solicitantes

Macarena Bernedo y Francisco Javier Ibáñez son una pareja joven, que decidieron emprender una vida en común como cualquier otra. Con un sueldo estable se mudaron a un piso en alquiler, que fueron amueblando como podían con el paso de los años. Tuvieron dos hijos, en la actualidad aún menores de edad. Una familia normal que se topó con la realidad más cruda a finales de 2013, cuando ambos se quedaron sin trabajo.

A partir de ahí sus vidas se convirtieron en una especie de montaña rusa. Los recibos comenzaron a acumularse y apareció un trabajo para Francisco Javier con el que en un principio pudieron hacerles frente, pero meses más tarde volvió a quedarse en el paro, siendo ya la situación insostenible. Sin recursos para corresponder los meses de alquiler, éstos fueron acumulándose en una deuda que actualmente asciende a más de 5.000 euros, una deuda nada fácil de llevar con una orden de desahucio prevista para el 15 de julio.

Por la gravedad de su condición, Servicios Sociales y el comité FRES les calificó bajo la denominación de familia en riesgo de exclusión social, que les otorga una preferencia en la adjudicación de viviendas públicas. Sin embargo, esta búsqueda de vivienda se vio frustrada. La demanda, tan sólo en Málaga, es más grande que la oferta. Eso sumado a que es difícil encontrar a propietarios que acepten esta condición ha desembocado en que aún sigan a la espera: «Las inmobiliarias se echan para atrás, no quieren arriesgarse», lamenta Macarena. El problema, en realidad, se debe a otro mayor, ya que no hay casi viviendas que ofertar por las inmobiliarias, desembocando en largas listas de espera, con un total de 589 solicitantes.

Según la pareja, ésta fue la respuesta del Instituto Municipal de Vivienda: «Nos dijeron que perdiésemos la ayuda y esperáramos otras, pero no podemos hacer eso. La necesitamos». En palabras de Macarena, le invitaron a no pagar la deuda, aunque tanto ella como Francisco Javier se negaron: «Yo no puedo hacer responsable a nadie de una deuda que es nuestra. La tenemos que pagar nosotros aunque sea poco a poco», más aún cuando en ella aparecen familiares directos.

La pareja, del mismo modo, denunció el proceso en la adjudicación de viviendas públicas, pues aseguran que no está dirigido con ningún criterio, motivo por el que se citaron con el propio Ayuntamiento y el partido Ciudadanos: «Las viviendas se las dan a los ´okupas´, a la gente que le da una patada a la puerta. ¿Qué pasa?¿Nos están obligando a eso?».

Fuentes municipales manifestaron lo contrario, contestando así a este diario: «Para nada, ¿cómo vamos a incitar a eso? Nosotros tenemos un proceso de regularización. Cometer un delito no es forma de acceder a una vivienda». Para continuar con su defensa, explicaron esa adjudicación que reclamaba la familia, dando a conocer el proceso: «Se pasa a una bolsa donde ahora mismo hay hasta 600 familias, para después dividirse en grupos según su condición (víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años, familias monoparentales...) para proceder al sorteo donde se adjudican las viviendas». Un sorteo que no tiene en cuenta la antigüedad, siendo totalmente aleatorio.

Falta de medios

Respecto a la escasez de viviendas que puedan ser ocupadas, para una demanda que no deja de producirse, se excusaron en su falta de medios: «Nosotros reclamamos a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia en la materia, que se gaste el dinero en construir viviendas. En Málaga en los últimos diez años sólo han construido 36 propiedades, siendo la que recibe el dinero de todos nuestros impuestos».

Macarena y Francisco Javier son la cara de uno de los mayores problemas sociales que se padecen hoy. Están cansados de escuchar que «hay que adaptarse» o «que la suerte hay que buscarla». Están intentando salir a flote, pero el sueldo de formación de él, sobre los 500 euros, es insuficiente para mantener a una familia. Sería más fácil con una vivienda segura de la que hacer su hogar, pero aún están en la búsqueda.

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