­El tribunal del caso Malaya, contra la corrupción política y urbanística en Marbella, ha acordado sustituir la pena de seis meses de prisión impuesta al expresidente del Sevilla Fútbol Club José María González de Caldas por un delito de cohecho por el pago de una multa de 10.800 euros además de la sanción que ya se le impuso ascendente a 30.000 euros.

El también empresario habría satisfecho ya ambas cantidades mediante transferencia bancaria. El tribunal, en su auto, recuerda «la gravedad de los hechos enjuiciados en el caso Malaya, que supuso el procesamiento de 95 personas por multitud de delitos entre los que destacan numerosos ilícitos continuados de cohecho y blanqueo, con gravísimo perjuicio para las arcas municipales de Marbella, que resultaron esquilmadas, generando para sus habitantes un endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente y que desarrolló en un ámbito generalizado de corrupción», de forma que incluso hubo que disolver el Consistorio.

Por otro lado, para tomar su decisión la Sala ha ponderado «los numerosos supuestos de corrupción política en que se ha visto envuelta la sociedad, hasta el punto de generar un clima de indignación generalizada de los ciudadanos».

La Sala entiende que las penas inferiores a dos años no deben ser suspendidas, sino sustituidas por el pago «de las multas pertinentes», de forma que el encausado ha de hacer «un esfuerzo económico real y proporcionado a sus ingresos, perdiendo sus bienes inmuebles, muebles y dinero efectivo que posea en cantidad suficiente para cubrir el pago de la multa».

«Hay casos en los que el condenado entrega su casa familiar, coches, dinero intervenido, un trastero, plazas de garajes y se compromete a abonar mensualmente una cantidad -a modo de hipoteca- hasta el abono íntegro de la multa impuesta salvo que en determinado momento se acredite su insolvencia definitiva», aclara la Sala, quien explica que el expresidente del Sevilla Fútbol Club y empresario ya ha saldado ambas sanciones mediante transferencia bancaria salvo una pequeña parte de las costas procesales.