­Una moción del grupo de IUMálaga para la Gente instando al gobierno municipal a que impulse el rescate público de los Baños del Carmen sirvió a la concejala de Playas, Teresa Porras, para arremeter contra los actuales empresarios que gestionan el restaurante de los Baños del Carmen, los exconcejales y compañeros en el PP, Damián Caneda y José Luis Ramos.

Porras tachó de «ilegal» la actual gestión del Balneario que llevan Caneda y Ramos, sin tener en cuenta que el tema está a la espera de que el TSJA se pronuncie sobre la legalidad o no de la transmisión de las acciones. La concejala instó al resto de grupos de la oposición a promover una moción que reclame a la Junta de Andalucía «el rescate de la concesión y que la saque a concurso público». Más aún, Porras, convirtiéndose en defensora de los empresarios de playa, invitó a la Junta de Andalucía a que « vaya a revisar también el chiringuito de los Baños del Carmen, como hace con los de La Malagueta o la Misericordia, porque el resto de concesionarios se preguntan por qué a ellos van todos los días a revisarles y a los Baños del Carmen, no». Por eso, espoleó a los otros grupos municipales del Ayuntamiento a que esa posible moción «institucional» inste a la Junta a «que si tiene que ir a los Baños del Carmen por un exceso de ocupación, pues que vaya y que ejerza su trabajo».

Que se cumpla la ley. Porras insistió en este punto en que es la Junta de Andalucía «la que tiene que actuar», sobre una posible ocupación excesiva o la instalación de una carpa en el Balneario y reiteró que «igual que va a los chiringuitos de La Malagueta cuando tienen tres mesas más, y le dicen: ‘tiene ustedes tres mesas de más; o las quitan o les cierro’. Pues eso es lo que tiene que hacer la Junta, ir los Baños del Carmen y hacer lo mismo que hace en los demás chiringuitos».

La concejala de Playas dijo que el tema de los Baños del Carmen nos duele a todos «y a mi sobre todo» e hizo responsable a la Junta de su resolución. «La Junta ahora tiene en su mano que es lo que va hacer: si va a quitar los dos años que le quedan ahora mismo al concesionario y, como es ilegal, deberían rescatar la concesión; una vez que caduque la concesión deberían decidir también entre si insta al Gobierno central a que haga el rescate o sacarlo a concurso público. Esa es la ley».