Justicia

Asociaciones de fiscales piden más tiempo a Justicia para analizar casos

Los acusadores de la capital debían analizar en torno a 5.000 asuntos para determinar si son sencillos o complejos y saber si contaban con 6 o 18 meses para investigar

21.05.2016 | 10:29
Imagen de un juzgado de lo Penal de la capital.

Fuentes del ministerio público explican que no han tenido tiempo en medio año por falta de medios y que eso podría provocar que algunas de esas causas caducarán.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor el pasado 5 de diciembre y daba seis meses a los fiscales y los jueces de instrucción, hasta el 6 de junio, para determinar si las causas bajo investigación son complejas o no, de forma que si lo son tendrían seis meses más para investigar y, si no, 18. La norma preveía que si al agotarse plazo el acusador público no había pedido nuevas pruebas, el proceso caducaría, con lo que muchas investigaciones quedarían inconclusas. En este semestre, el trabajo de los acusadores ha sido tal que las asociaciones profesionales que los representan han pedido más tiempo, una moratoria, para hacer un análisis más exhaustivo.

La petición se hizo en el seno del Consejo Fiscal, que la entregó a su vez a la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y esta al Ministerio de Justicia, impulsor de la reforma legal que trata de que las investigaciones no se eternicen, como ocurre hasta ahora. Los profesionales creen que el espíritu de la norma es bueno, pero es pólvora mojada ante la espectacular falta de medios que tienen jueces y fiscales para hacer frente a su diaria avalancha de trabajo.

En Málaga capital, las estimaciones hablan de cinco mil casos a revisar en estos seis meses, aunque otras fuentes apuntan mucho más alto. Los jueces decanos del país ya dijeron en su última reunión nacional en Vigo, que tuvo lugar en octubre de 2015: «Sorprendentemente se han aprobado otras medidas poco comprensibles en cuanto a que van a tener un efecto sumamente negativo, como es el establecimiento de plazos límite a la instrucción». Para los togados, los tiempos de investigación se prolongan por falta de personal y medios así como por leyes anticuadas, así como por factores como los muchos actores que participan en estos asuntos: fiscales, médicos forenses, policías, traductores, tasadores economistas, informáticos, funcionarios de Hacienda, interventores, etcétera...

«No por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad», indicaron, y alertaron de que podría darse una impunidad de hechos delictivos. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reconocía hace unos días que no sería posible a los acusadores públicos revisar miles de causas penales para determinar su complejidad o sencillez pese a su entrega.

Prórroga. Fuentes del ministerio público explicaron que se ha pedido una prórroga que vaya más allá del 6 de junio, «porque hay que hacer la revisión expediente por expediente y es algo que no controlamos, es lento»y advierten de la posible caducidad de esas causas. Ello no supone el archivo inmediato, «dado que eso no está resuelto en la ley. Ahora el siguiente paso es que nos den traslado para ver el asunto sin poder pedir pruebas. La caducidad está relacionada con la investigación, de forma que si con las diligencias que se hayan hecho hay indicios de delito, se acusará; si no, el problema es que no habrá más tiempo para reunir más pruebas, a menos que el proceso se declare complejo». Es decir, que o se archiva el asunto o lo mismo llega a juicio con pocas posibilidades de que se logre una condena.

«Hay que mirar causa por causa para ver si se archiva o se tira para adelante, sin poder pedir en principio nuevas diligencias», señalan las mismas fuentes que, no obstante, recuerdan la ley deja muy abierto qué ocurrirá con estos procedimientos y que las consecuencias reales podrían ser menos lesivas de lo que se piensa, dado que en la fase intermedia del proceso, cuando el fiscal presenta su acusación, cabría pedir nuevas pruebas en ese documento, aunque esta es sólo una interpretación personal de la fuente.

Las mismas fuentes fiscales recuerdan que «ha habido dificultades de todo tipo, estructurales, informáticas en cuanto a la compatibilidad de los sistemas de Fiscalía y los juzgados y hasta falta de colaboración». La UPF señaló, de hecho, a los secretarios judiciales.

Causas complejas han sido ya declaradas, por ejemplo, el gran incendio de la Costa del Sol de 2012 o el caso Astapa de corrupción urbanística y política en Estepona, que lleva bajo investigación desde 2008 y que aún no ha concluido, así como otros asuntos en los que la corrupción o el narcotráfico son los protagonistas.

El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, considera que ponerle plazos a la instrucción es «un disparate», porque cada procedimiento tiene su tiempo y cada juzgado, sus medios. Asegura que la ley es un mero ejercicio de «voluntarismo», y añade: «¿Tú crees que un juez no quiere sacar el trabajo en el menor tiempo posible? Si no lo hace es porque no puede, lleva el triple o el cuádruple de trabajo».

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