Política

El PSOE defiende su plan de regeneración para poner fin "a la corrupción del PP"

Morales considera que el PP está inhabilitado para gobernar por los casos de corrupción que arrastra

22.05.2016 | 05:00
Fuensanta Lima y Antonio Morales, ayer en Mijas.

­El cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia malagueña, Antonio Morales, defendió ayer en Mijas las medidas de regeneración de los socialistas, ya que permitirán «poner fin a cuatro años de corrupción del PP». Morales hizo hincapié en que «nos escandaliza la corrupción en general y la corrupción estructural del Partido Popular», por lo que «vamos a terminar de una vez con la corrupción».

En una visita al mercadillo de La Cala de Mijas, junto a las candidatas al Congreso y al Senado, Carmen Segura y Andrea Barbotta, respectivamente; la delegada territorial de Turismo de la Junta, Monsalud Bautista, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento mijeño, Fuensanta Lima, Morales recordó que lo que más preocupa a los españoles es el paro y después la corrupción. «Y aún así, el 44 por ciento de los españoles piensa que la corrupción es todavía peor que los problemas económicos», declaró. «Los ciudadanos soportamos una realidad obscena, putrefacta e insoportabl», advirtió

En este sentido, señaló que «el PP es el partido de la Gürtel, de Luis Bárcenas, de la corrupción de Valencia y de Granada, también de Rita Barberá, de Rodrigo Rato, de Francisco Granados, de Jaume Matas, de Carlos Fabra, el partido de los sobres, de los exministros José Manuel Soria, Ana Mato o Miguel Arias Cañete». «Podríamos hablar de todo esto, pero entonces no terminaríamos nunca», ironizó.
Según Morales, «el Partido Popular está inhabilitado para liderar la regeneración de la vida política que necesita ya nuestro país», añadiendo que «en Mijas lo saben muy bien».

Para ello, el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga defendió las propuestas del PSOE contra la corrupción y por la regeneración política como el compromiso para derogar cualquier medida legislativa que limite los plazos de instrucción de los casos de corrupción; que nadie que haya sido condenado por corrupción podrá ser indultado, que devolverán necesariamente el dinero y si no lo hacen, no tendrán beneficios penitenciarios, y que no podrán en el futuro volver a contratar con las administraciones públicas.

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