­Los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos han decidido blindarse ante la proliferación de casos de corrupción, asuntos de alcance contable ante el Tribunal de Cuentas y el pago de altas sanciones económicas dado que algunos de ellos tuvieron que hacer frente, en diferentes puntos de España, a este tipo de casos en el pasado. Esta tendencia también se está dando en Málaga, donde en los dos últimos años se ha duplicado el número de altos funcionarios con pólizas de responsabilidad civil, pasando de cincuenta a poco más de cien.

De cualquier forma, estos seguros sólo responden ante multas derivadas de un error, una omisión o una negligencia, es decir, cuando el alto funcionario no quiere cometer la infracción pero la comete sin dolo o, lo que es lo mismo, sin voluntad deliberada.

El presidente de Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de Málaga, José Ángel de Vicente, explica que muchos habilitados sí tienen estos seguros de responsabilidad civil porque «te pueden pedir una indemnización». De Vicente señala que en muchos casos es el propio Ayuntamiento quien paga las primas y en otros, el interesado.

«Yo, como tesorero, por ejemplo, puedo reclamarte una liquidación ilegal por negligencia o error, o incluso por una norma que no es y ahora presentan una demanda contra mí, me piden daños y perjuicios», explica De Vicente dando un ejemplo de lo que puede suceder. El intento de cobro de esa liquidación puede dar lugar al embargo de un piso o un vehículo, señala, para aclarar: «Al final yo tendría que indemnizarte por el perjuicio».

Hay más ejemplos. «Los tesoreros tenemos que manejar y custodiar los fondos, si un día hay un descuadre, al final debes reponer las cantidades», recalca. Aunque normalmente suelen ser cantidades menores, a veces las sumas son millonarias. Este tipo de seguros no cubre casos de corrupción, puesto que ahí sí podría existir dolo por parte del funcionario implicado, es decir, voluntariedad, pero la casuística también cubre, por ejemplo, los casos de alcance contable ante el Tribunal de Cuentas, últimamente muy encima de los consistorios.

Hay otra razón para que los secretarios, tesoreros e interventores se hagan este tipo de seguros. Antes, algunos ayuntamientos tenían como tesoreros a personas que no debían estar habilitadas nacionalmente para ello como técnicos municipales o funcionarios, pero ahora sí es necesario. A veces, cuando estos tesoreros van a tomar posesión de su cargo, se les impide por el Ayuntamiento, y pueden quedarse varios meses en la calle sin percibir ninguna retribución hasta que un juez les da la razón, explica De Vicente.

«Si te abren un expediente disciplinario, por ejemplo, y estás seis meses sin sueldo, la póliza también te lo cubre. No hablamos sólo de delitos, sino de una falta grave o una responsabilidad contable», precisa.

La póliza de responsabilidad civil mayoritaria entre los secretarios, los interventores y los tesoreros municipales es la que ofrece la compañía Musaat, mayoritaria en este sector. En su versión más protectora, se cubre al empleado de sanciones de hasta 1,2 millones de euros (por 189 euros al año).

La póliza básica implica pagar 143 euros al año y cubre sanciones de hasta 600.000 euros al año, de forma que el alto funcionario está cubierto 24 meses y seguiría cobrando pese a ser apartado de su puesto.

La percepción generalizada es que secretarios, interventores y tesoreros ahora ponen un gran celo en el examen y la firma de documentos e informes, lo que ralentiza el funcionamiento de las administraciones. Sin embargo, el presidente del colegio malagueño desvincula este hecho de los casos de corrupción que han acabado llevándose por delante las carreras de algunos de ellos y lo atribuye a la Ley de Reforma de la Administración Local. «Ahora se refuerza el papel del interventor, la legislación se ha endurecido en cuanto a transparencia y la gente está cada vez más estresada. Por ejemplo, ahora los interventores deben mandar mucha documentación mensual o trimestralmente al Estado y a la Junta, se multiplica el trabajo burocrático», dice. A ello hay que añadir que hay muchos más grupos políticos en los ayuntamientos, lo que implica más trabajo también para los claveros de la legalidad.