Los integrantes de la mesa organizadora de una votación ciudadana sobre el futuro de los suelos de Repsol abrieron la puerta a que dicha votación se articule como una encuesta o sondeo público, ante la previsible imposibilidad jurídica de que sea una consulta ciudadana. Esto podría retrasar el calendario previsto en un principio, que prevé convocar la votación en noviembre.

La consulta que el pleno había aprobado realizar y que la mesa organizadora había comenzado a tramitar dio un giro de 180 grados cuando, a instancias del alcalde, el secretario del Ayuntamiento emitió un informe que ponía en cuestión todo el planeamiento concebido hasta entonces. El secretario señalaba que la consulta debe contar con los «informes preceptivos y obligados de la secretaría y de la intervención municipal», y añadía que «corresponde analizar en dicho informe a la Intervención si el asunto sometido a consulta popular es o no un asunto relativo a la hacienda local».

Dicho de otra manera, si la votación afecta a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el suelo de Repsol, no puede ser objeto de una consulta ciudadana que está regulada por ley.

Para sortear este obstáculo que pone el peligro la celebración de cualquier pregunta, la mesa organizadora de la votación acordó solicitar al interventor el informe preceptivo sobre el caso, para salir de dudas y concluir, como será así, que una consulta ciudadana no es posible legalmente al preguntar sobre un asunto que afecta a la economía local.

La mesa organizadora dejó prácticamente cerrada esa puerta, pero abrió otra que, según el informe inicial del secretario, puede tener viabilidad jurídica. Se trata de la celebración de encuestas o sondeos públicos, regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Para concretar mejor esta posible solución, la mesa acordó solicitar un segundo informe al secretario municipal para que dictamine los pasos que se deben seguir para la realización de una encuesta, avalada por el pleno del Ayuntamiento.

El tiempo corre en contra de esta propuesta ya que la ley de Procedimiento Administrativo común que la regula ha sido modificada y entrará en vigor a mediados de octubre. Cuando lo haga se habrá suprimido el articulado que regula los sondeos o encuestas. Esto quiere decir que el pleno de Málaga deberá optar por aprobar la realización de un sondeo antes del 15 de octubre o todo será imposible.

Estas exigencias de tiempo hacen peligrar el calendario propuesto en la primera reunión de la mesa, que estableció que la fecha de la consulta sería en noviembre próximo, que habrá diez días para que los ciudadanos puedan emitir su voto, que podrán emitir por vía telemática (online) o presencial.

Ahora peligra este calendario, por lo que en la reunión de este lunes se estableció la máxima urgencia en la petición de los informes al secretario y al interventor y que la mesa volviera a ser convocada en cuanto dichos informes estuviesen emitidos.