La Fiscalía pide el archivo de 18 piezas de la causa de los cursos de formación

El archivo de estas causas se pide al no producirse delito de fraude ya que el dinero no supera en ninguna de las piezas los 120.000 euros, según han indicado a Efe fuentes judiciales, que han precisado que la pieza de los responsables políticos y funcionarios siguen en fase de investigación.

Además, se siguen instruyendo otras ocho piezas en las que se detectaron indicios de irregularidad o falsedad, sobre estas el fiscal ha pedido que se declaren de complejidad, al no poder ser completadas en el plazo estipulado, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento.\r

Respecto a las piezas que pide el sobreseimiento, el fiscal entiende que las irregularidades detectadas tienen consecuencias administrativas, por lo que solicita que dicha resolución se ponga en conocimiento de la Junta de Andalucía para los correspondientes expedientes administrativos.

El caso se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número de 8 de Málaga y el próximo 5 de julio está citado el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña, en calidad de investigado.

Al día siguiente está prevista la comparecencia de la jefa de servicio Isabel Almendro, y posteriormente se citará, entre septiembre y octubre, a otros funcionarios.\r

El instructor finalizó el pasado abril las declaraciones de empresarios a los que se les concedió una subvención para cursos de formación y que están siendo investigados en el caso Edu, por lo que ahora el juez pretende comenzar con los interrogatorios a responsables y funcionarios públicos de conceder las ayudas.

Alrededor de unas ochenta personas han comparecido ya ante el magistrado cuando se cumple algo más de un año desde que se iniciaron las primeras declaraciones.

Durante este año, no solo han declarado empresarios, sino también profesores, alumnos y coordinadores de los cursos, y la mayoría han intentado explicar que cumplieron con todos los requisitos y con el compromiso de contratación.

Pese a ello, algunos han reconocido que cometieron ciertas irregularidades ya que no cumplieron con el requisito de contratación debido a la crisis o incluso se ha dado el caso de algún empresario que ha dicho que no lo impartió, pese a percibir parte de la ayuda.

Este último empresario aseguró que se puso en contacto con la Junta de Andalucía para intentar devolver el dinero debido a que, según sus declaraciones, durante dos años no había podido impartirlo al no encontrar empresas que contrataran posteriormente a los alumnos cuando finalizaran la formación

Muchos de los investigados que han declarado han asegurado que la Junta de Andalucía no inspeccionaba si se impartía los cursos y que no acudió ningún inspector para supervisarlo, pero que ellos daban cuenta por internet a través de un programa informático.

Hasta el momento, el juez ha planteado muchas preguntas a los investigados sobre cuestiones relacionadas con la gestión, la cualificación de los profesores y la solicitud y control de los cursos.

Según las fuentes, el juez instructor quería tener sobre su mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios antes de comenzar la declaración de los responsables y funcionarios de conceder las ayudas.

La primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se dividió en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centraban en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se habían agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos