Tribunales

El fiscal ve nepotismo generalizado en las contrataciones de la FGUMA

La Fiscalía Superior no vio delito en los enchufes pero critica que la fundación esté "trufada de familiares directos" de dirigentes y trabajadores de la Universidad de Málaga

02.06.2016 | 05:00
Imagen del Rectorado de la Universidad de Málaga.

Tacha de "inaceptable" esta práctica

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el caso de los enchufes en la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) al no ver delito, puesto que este organismo es una entidad «de carácter privado» y la contratación de sus trabajadores se rige por el convenio colectivo existente entre sus representantes legales y el comité de empresa. Pese a ello, el fiscal instructor se despacha en su decreto de archivo contra la FGUMA, en la que ve un «generalizado nepotismo en la contratación laboral».

Pero no queda ahí la cosa, ya que en un amplio decreto el fiscal recuerda que la FGUMA, al ser una entidad de carácter privado, no estaría sometida a los principios generales de igualdad, mérito y capacidad para contratar a sus trabajadores. Es decir, las incorporaciones de personal se rigen por el Derecho Laboral vigente, dice el representante del ministerio fiscal, que establece el marco de relaciones en el convenio colectivo del ente.

Sin embargo, el acusador público reflexiona: «Que el sistema seguido por la Fundación General de la Universidad de Málaga para la selección de personal no sea constitutivo de infracción penal, tampoco significa que las decisiones adoptadas por sus responsables en este ámbito resulten jurídicamente acertadas o éticamente irreprochables».

En el decreto, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, asegura la Fiscalía Superior de Andalucía que «la total ausencia de control jurídico sobre la idoneidad o no de los seleccionados o de un procedimiento reglado mínimamente, ha permitido –tal y como acredita el informe presentado en la Fiscalía el 2 de febrero de 2016 por la Unidad de Policía Judicial Adscrita–, que la plantilla de trabajadores al servicio de la FGUMA esté trufada de familiares directos de miembros de su patronato, de dirigentes de la Universidad de Málaga así como de trabajadores de la UMA y de la propia Fundación General». Aunque no especifica, cabe recordar que desde diciembre de 2015 un nuevo equipo de gobierno encabeza la UMA, por lo que algunas de estas reflexiones afectarían sobre todo a exdirigentes.

Todo ello acreditaría «un generalizado nepotismo en la contratación laboral absolutamente inaceptable en una entidad cuyos fines y actividades sobrepasan el ámbito meramente privado para adentrarse en el territorio de lo público, por más que su régimen jurídico siga rigiéndose por el Derecho Común».

El representante de la Fiscalía Superior andaluza insiste también en que la vía penal «en modo alguno es la adecuada para obtener la revisión del actual sistema de contratación laboral de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que los representantes del sindicato denunciante –CSIF– debieran intentar a través de la negociación colectiva, aprobando un nuevo convenio en el que hagan valer sus legítimas pretensiones de objetividad y publicidad».

Pese a todo, la acción penal iniciada por el CSIF queda en papel mojado pues para la Fiscalía Superior de Andalucía el estatus jurídico de la fundación es privado, como la propia UMA se encargó de demostrar con un informe presentado en estas diligencias de investigación elaborado por uno de los despachos de abogados más importantes del país.

Las cuentas y presupuestos de la Fundación, según un decreto del 7 de abril de 2016 del fiscal, se «ajustaban perfectamente a derecho por lo que procedió al archivo de la denuncia de tales hechos», en lo que es otra pata de la denuncia inicial. Contra este decreto ya no cabe recurso alguno, pero fuentes judiciales consultadas por este periódico entienden que sí podría reactivarse por diversas vías, por ejemplo una denuncia ante el Juzgado de Guardia, aunque todo dependerá de lo que decida hacer el sindicato denunciante.

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