El riesgo de que la cuenca del río Guadalhorce sufra una inundación es alto, según se deduce de los primeros estudios del Centro de Estudios y de Experimentación de la Obra Pública (Cedex), que ayer dieron a conocer en un encuentro institucional a tres bandas (Ministerio, Junta y Ayuntamiento) para analizar el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones.
El análisis del Cedex pone de relieve la escasa capacidad de desagüe del cauce del Guadalhorce, confirmando las principales líneas y propuestas recogidas por el Plan de Inundabilidad aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y que ha sido muy criticado por los empresarios de los polígonos. El informe plantea que el río está muy lejos de ofrecer seguridad para un periodo de retorno de 500 años, como exige la ley del Plan Hidrológico Nacional.
La presencia del puente de Azucarera por el que pasa la antigua N-340 y la plataforma del Cercanías que cruza el cauce, que está en desuso tras construirse un túnel que pasa bajo el río.
El avance de este informe de la entidad estatal aboga por desmontar la vía del Cercanías, que está abandonada y actúa como barrera para el paso del agua. También reclama demoler el actual puente de la Azucarera, capacidad para desaguar sólo 2.700 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, tanto los estudios de la Consejería de Medio Ambiente como los del Cedex insisten en que el puente debe tener una altura suficiente para permitir el paso de al menos 5.000 litros por segundo.
Esta idea, sobre la mesa desde hace ocho años, aunque se planteó algo más pequeño que el actualmente exigido, ya que el proyecto existente prevé el paso de 4.000 litros por segundo. Habría que reformar este proyecto y ajustar los precios, ya que inicialmente se calculaba un coste de unos 30 millones de euros
El Cedex insiste en que la presencia de estos dos puentes favorece el desbordamiento con un periodo de retorno de entre 25 y 50 años, lo que afectaría a los polígonos situados en el entorno de Azucarera, así como núcleos residenciales cercanos.
El alto riesgo de inundaciones obliga a actuar antes de 2021 para acometer las actuaciones incluidas en el plan. Mientras tanto, se paraliza el desarrollo urbanístico del entorno, afectando en Málaga a los polígonos industriales, que han recurrido al Tribunal Supremo para reducir el espacio afectado por las restricciones urbanísticas.
