­En febrero de 2004, una vez solventados los graves problemas que enfrentaron al Ayuntamiento de Málaga con los socios privados de Limasa y que estuvieron al borde de la ruptura del contrato, y que se saldaron garantizando a la empresa la obtención anual de beneficios, el área de Medio Ambiente, a propuesta del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, según consta en las certificaciones, acordó con Limasa un «plan de reestructuración de los servicios de limpieza y recogida», con un coste de cuatro millones de euros (3. 976.282 ) que supuso la modificación de todo los servicios.

Esta reestructuración, por afectar a los servicios, debió contemplarse como una modificación del contrato, y haber sido llevado a pleno para su aprobación, según señala el PSOE, que denuncia que esto no se hizo y de esta manera se evitó también los informes preceptivos que deberían haber emitido la asesoría jurídica o la intervención.

El PSOE, que ha reclamado documentación sobre este asunto, señala que «no existe ningún informe oficial emitido por Medio Ambiente y enviado a Limasa: tan sólo el anuncio público realizado por el alcalde y un documento que señala los cambios a realizar, sin membrete, ni firma ni fecha», aseguró Begoña Medina.

No sólo eso, el plan de reestructuración, que en principio el alcalde anunció para un año, ha durado siete años y medio, desde abril de 2004 a diciembre de 2011 y Limasa ha cobrado por el mismo 23.828.499 euros, según la información facilitada al respeto por Limasa al grupo socialista.

Este plan de reestructuración supuso una modificación sustancial de la mayoría de los servicios, tanto de limpieza como de recogida. En lo laboral supuso la incorporación de 90 empleados más a la plantilla de Limasa, 39 de ellos para la limpieza diaria de las calles y otros 10 para las urbanizaciones nuevas. Suponía además la compra de 8 vehículos para recogida selectiva. Contemplaba también la construcción de dos mini parques, uno en La Virreina y otro en El Palo para acortar los desplazamientos y aumentar así la productividad, aunque finalmente no llegaron a construirse.

Incluía la reestructuración de la mayoría de los servicios de limpieza, como los distintos tipos de barrido (manual, mecanizado o con vehículo); el desbroce, la limpieza de playas y la de solares, así como cambios en la recogida de muebles y tala de árboles.

En cuanto al servicio de recogida de residuos, también contemplaba una importante remodelación del servicio en urbanizaciones, así como el trabajo en los polígonos. También se modificaba la recogida en el Centro y la recogida selectiva.

El plan, pese a su envergadura, a su coste y especialmente pese a la modificación sustancial de muchos servicios, no fue aprobado por ningún órgano del Ayuntamiento ni de la empresa, según le consta al PSOE tras la revisión de la documentación aportada.

En esa documentación figura algunas de las certificaciones remitidas por Limasa y abonadas por el Ayuntamiento. En dichas certificaciones, emitidas entre abril de 2004 y diciembre de 2011, aparece la referencia a este plan bajo la denominación «ampliación del servicio propuesto por el alcalde en febrero de 2004», y con un coste de algo más de 200.000 euros en cada certificación. Finalmente y durante los siete años y medio que se estuvo abonando el plan, el Ayuntamiento pagó por el mismo 23.829.499 euros.

Begoña Medina mostraba su extrañeza y su alarma de que esta reestructuración del servicio «no hubiese supuesto una modificación del contrato»; o que no le conste «que fuese aprobado por ningún órgano municipal».