Nueva reunión de la mesa técnica de Chiringuitos, integrada por la Consejería de Medio Ambiente y por representantes del sector de empresarios de playa, para «poner en común los distintos problemas que afectan al sector»; principalmente en lo que se refiere a la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

En la última reunión que se mantuvo en marzo, tras la amenaza de paros de los empresarios, los técnicos autonómicos informaron de que estaban analizando el encaje con el reglamento de la ley de Costas de cada uno de los negocios que actualmente funciona con una licencia pendiente de renovación. En Málaga son 197 -aproximadamente la mitad del total- los bares y restaurantes que se encuentran en el limbo jurídico y a los que la Junta pretende ir dando amparo legal antes de que acabe este año. Con unos criterios, además, que tendrán muy en cuenta no sólo el respeto a la reciente interpretación de la norma -que se ha suavizado respecto a la polémica lectura que se hizo hace ocho años-, sino también el espíritu de colaboración, traducido en encuentros periódicos, que se acordó con los representantes del gremio en la última reunión.

En una nota de ayer, la Consejería de Medio Ambiente señaló que la reunión fue «positiva y fructífera», ya que se desarrolló «en todo momento con espíritu constructivo y desde la lealtad entre las partes». En ella, según explica, se abordaron diversas cuestiones relativas a la gestión de los chiringuitos de playa, a propuesta fundamentalmente del propio sector, con el propósito de establecer criterios técnicos para desbloquear las situaciones administrativas más complicadas en la tramitación y seguimiento de los expedientes administrativos de concesión que afectan a estos establecimientos.

Durante el encuentro se dio cuenta del estado en que se encuentra la tramitación de los dichos expedientes, del grado de cumplimiento de las iniciativas parlamentarias relacionadas con ellos, y de «otros temas del mutuo interés de la Administración autonómica y del empresariado».

Por parte de la Consejería hasistieron a la reunión el titular de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, Fernando Martínez; el Jefe del Servicio competente en la propia Dirección, Francisco Sempere, así como los Jefes de Servicio y técnicos de las Delegaciones Territoriales de las seis provincias con litoral, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Por parte del sector, asistieron los dirigentes de la asociación empresarial Faeplaya, encabezados por su presidente, Norberto del Castillo; su vicepresidente, Manuel Villafaina, y el resto de delegados provinciales.

Los trabajos continuarán ahora entre ambas partes en las distintas provincias en el ámbito de las correspondientes delegaciones territoriales de la Consejería de Medio Ambiente.

Hay que recordar que las concesiones comenzaron a expirar en el año 2005, dejando decenas de solicitudes sin resolver en la mesa de negociación. En 2011 la Junta de Andalucía solicitó la titularidad de las competencias relativas a los chiringuitos, que obraban hasta ese momento en manos del Gobierno. La transferencia fue aprobada con el objetivo de agilizar la regulación.