La lucha de padres y madres andaluces por la eliminación del amianto en los colegios de sus hijos recibió ayer un varapalo en el Parlamento regional al ser rechazada una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta de Andalucía a su retirada de todos los centros educativos de la comunidad.
La PNL, presentada por Podemos y tumbada con los votos del PSOE y Ciudadanos en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pedía al Gobierno autonómico un inventario del amianto en los colegios y un calendario para su retirada, explicó ayer a Efe la diputada de Podemos en la Cámara regional, Carmen Molina.
El pasado 17 de mayo Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de casi una decena de colegios de Málaga se concentraron frente a Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para manifestar su preocupación y pedir la erradicación de este material cancerígeno de todas las escuelas de la capital y provincia. Entre los centros afectados se encuentra el CEIP José Calderón de Campanillas, que en su última concentración estuvo respaldado por el IES Miraflores de los Ángeles, el IES Palma de Mallorca de Torremolinos, el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, y los tres afectados de Ronda, CEIP Nuestra Señora de la Paz, CEIP Vicente Espinel y el IES Profesor Gonzalo Huesa.
«No me esperaba que la proposición fuera rechazada», reconoció la malagueña Molina, también coportavoz de Equo en el Parlamento andaluz.
La PNL, que recibió los votos a favor del grupo popular y Podemos, canalizaba las reivindicaciones de la Plataforma Málaga Amianto Cero, cuyo representante Francisco Puche, alertó a Efe sobre el «enorme peligro» que representa tanto para los niños como para el profesorado y el resto del personal el tener que «convivir con uralitas día tras día, año tras año».
Puche, experto en la materia, argumentó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «no hay dosis mínima segura» de amianto y alertó de que «los niños son más vulnerables a la exposición que los adultos».
«Para muchos de estos materiales con amianto ha llegado el fin de su vida útil, o están ya muy deteriorados», alertó el experto Francisco Puche.
La PNL instaba al Ejecutivo andaluz a liberar los presupuestos pertinentes para hacer efectivo el calendario de retirada del amianto y le pedía que no renunciase «a exigir un fondo de desamiantado a empresas como Uralita», según el documento al que tuvo acceso Efe.
El Ayuntamiento y la Diputación de Málaga han aprobado en 2016 dos mociones para realizar acciones de control y retirada del amianto tanto en centros educativos como en edificios públicos y privados.
