­«El amianto es una bomba que tenemos metida en nuestras casas, colegios y tuberías. La enfermedad se produce 30 ó 40 años después de la primera exposición. Es un problema muy serio que la administración no aborda». El representante de la Plataforma Málaga Amianto Cero, Francisco Puche, asegura que los colegios son uno de los principales escenarios en los que hay actuar. Las futuras generaciones conviven horas rodeados de este material cancerígeno y se estima que, tras un prospección que hizo la plataforma en 80 colegios de Málaga y provincia, el 30 por ciento contiene amianto. «Esto quiere decir que en Málaga habrá unos 100 ó 200 colegios con amianto», sentencia.

La cifra podría ser incluso superior ya que solo se basa en el exterior de los centros educativos; 80 inmuebles, de los cuales 24 estaban afectados. Nadie ha supervisado el interior de los inmuebles y hay indicios para pensar que muchos centros contienen uralita. «Hace unos meses, en el CEIP Miraflores de los Ángeles descubrieron amianto en un lugar invisible, dentro de un laboratorio», explica.

La necesidad de comprender la importancia de crear un registro sobre el estado de los centros y trazar un plan de retirada de amianto en aquellos afectados coge fuerza tras el último varapalo en el Parlamento andaluz, el rechazo a una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta de Andalucía a su retirada en todos los centros de la comunidad. El PSOE y Ciudadanos votaron en contra.

Ante el rechazo a la PNL, las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA) han trazado un plan B para continuar con las negociaciones. El presidente del AMPA Piedra de la Torre del CEIP José Calderón de Campanillas, Paco Jara, detalla que la negativa constante por parte de la Junta para obtener información necesaria para elaborar un informe sobre el estado del inmueble les ha llevado a trabajar con otras instituciones. «Necesitamos demostrar que la vida útil del amiento ha culminado o está a punto», matiza. Y es que la ley prohíbe la utilización de este material pasado ese tiempo.

El centro de Campanillas es el que lleva la batuta de las acciones que se promueven en la provincia y ya mantiene conversaciones con el distrito y el Ayuntamiento para que le faciliten la información necesaria. Un paso que ya han iniciado otros centros.

Entre hoy y mañana acudirán a la Fiscalía de Menores para ver si pueden actuar. «Hay riesgo para los menores», sentencia. Además, han solicitado ayuda al Defensor del Pueblo y en estos momentos está en trámite la solicitud; igualmente, enviarán toda la información que han reunido hasta el momento y pedirán ayuda a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle.

Las protestas continúan en la calle y el próximo día 21 hay una prevista en Cádiz para apoyar la situación extrema a la que se enfrenta un centro. Los expertos han declarado que hay partículas en el aire, según declara Jara. En cuanto a próximas concentraciones en la ciudad, se prevé que para el mes que viene haya una y el curso próximo se realizará un encuentro entre los colegios. «Queremos que de cara al curso que viene se logre que destinen parte de la partida presupuestaria a la eliminación del amianto y que el resto de colegios vean que sí se interesan por nosotros», sentencia Paco Jara.

Hasta el momento, aproximadamente un centenar de centros son partícipes en este conflicto a través de la Federación de la AMPA, pero Jara puntualiza que son entre 10 y 15 centros los que participan en las concentraciones y actuaciones.