La polémica sobre el amianto está servida. La última Proposición No de Ley presentada en el Parlamento andaluz por Podemos para instar a la institución pública a que realice un inventario y trace un calendario para eliminar este material de los centros educativos fue tumbada con los votos de PSOE y Ciudadanos. Una decisión contradictoria respecto a las últimas mociones presentadas en la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga -ambas presentadas por Málaga Ahora- y aprobadas por unanimidad.
La moción del Consistorio data de noviembre de 2015 y en ella se aprobó realizar un inventario del amianto de los centros educativos públicos y privados del municipio antes del 31 de marzo del presente ejercicio. Un inventario del que se beneficiarían también el resto de edificios públicos del municipio antes del 30 de noviembre de 2017.
Ante lo sucedido, la indignación por parte de las Asociaciones de Madres y Padres ha sido notoria y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, explicó ayer que mientras el amianto no se «manipule» no hay «ningún riesgo» para la salud, aunque la Administración autonómica siempre va a estar vigilante en aquellos centros públicos en los que todavía quede ese material, según indicó Díaz.
«No se está construyendo ya ningún centro público que incorpore ese material, pero siempre vamos a estar vigilantes, sobre todo en aquellos sitios donde todavía quede», declaró Díaz.
El pasado 17 de mayo, Asociaciones de Padres y Madres de ocho colegios de Málaga se concentraron frente a Delegación de Educación de la Junta para manifestar su preocupación y pedir la erradicación de este material cancerígeno de todas las escuelas de la capital y la provincia. Las protestas continuarán.
