­El representante de los trabajadores de Limasa, Manuel Belmonte, mostró ayer escepticismo sobre la predisposición del Ayuntamiento de Málaga hacia una posible absorción pública de la empresa que se ocupa del servicio de limpieza, que actualmente funciona con capital mixto y cuyo contrato vence en 2017.

Al término de una reunión de algo más de dos horas mantenida con el alcalde, Francisco de la Torre, el presidente del comité de empresa, que recordó que los empleados están abiertos a aceptar la condición previa del regidor y equiparar su sueldo al del resto de trabajadores municipales, aseguró que tiene la «sensación» de que el Consistorio no sólo no quiere transformar Limasa en una empresa cien por cien pública, sino que, además, podría haber adquirido ya un compromiso con otras compañías para hacer justamente lo contrario y ceder íntegramente la gestión del servicio a entidades privadas.

«Si esto es un paripé que nos lo diga porque aquí representamos a más de mil familias y somos serios. Tenemos que dejarnos de tanta empresa privada, ya que, como ha quedado probado en las comisiones de investigación, solo vienen por los beneficios sin importarle la limpieza de Málaga», manifestó.

Belmonte insistió en que la plantilla de Limasa no quiere perder el tren de la posible «municipalización» y que para ello no se niega a acceder a propuestas como las de asimilar las condiciones de otros trabajadores municipales, con la consiguiente bajada de sueldo y de derechos como los puestos heredados. «Es el momento de hacer Limasa pública porque se acaba el contrato y se podría ahorrar mucho dinero», abundó.

Por su parte, Francisco de la Torre, que estuvo acompañado en el encuentro por el concejal Raúl Jiménez, aseveró que el equipo de gobierno no descarta la opción de transformar el servicio en una entidad netamente municipal, aunque recordando que la mayoría de los ayuntamientos delegan en las empresas privadas. El regidor supeditó, además, toda posibilidad de acuerdo al estudio de varios puntos entre los que destaca la incidencia de la subrogación de los trabajadores en el gasto público o la eficacia de la fórmula para controlar la calidad del servicio.

El pasado 23 de mayo, el alcalde se reunió con el comité de empresa de Limasa y anunció que estaba dispuesto a apoyar que la nueva empresa sea municipal a partir de abril de 2017, siempre y cuando los trabajadores comulgaran con una rebaja en sus condiciones laborales, económicas y sociales. En concreto, De la Torre puso tres exigencias básicas encima de la mesa: incrementar la jornada laboral de las 35 horas semanales actuales hasta las 37,5; eliminar las cláusulas que permiten dejar el puesto en herencia a un familiar y, sobre todo, la equiparación con el resto de trabajadores municipales.

La acogida favorable de todas estas demandas por parte del comité devuelve el órdago al tejado del equipo de gobierno, que una vez al corriente de la decisión de los trabajadores, tendrá que evaluar, en estos meses, si realmente es preferible apostar por el modelo público en lugar del privado. «Se nos dijo que nos acogiéramos al convenio colectivo de servicios operativos del Ayuntamiento y hemos dicho que sí», reseñó Belmonte, que está empeñado en que el alcalde «hable claro» y desvele sin ambages cuáles son sus planes para el futuro de la empresa. «Estamos cansados de lo sucedido todos estos años y de tantos acontecimientos», sentenció el representante.