Economía

Más de 70.000 malagueños tienen bloqueadas sus cuentas por impagos

El impago de préstamos hipotecarios, créditos personales y de tarjetas está detrás del bloqueo

20.06.2016 | 00:18

La nueva Ley de Segunda Oportunidad permite a los deudores reducir el montante global del débito instando un proceso similar al concurso de acreedores

­Los días de vino y rosas de la Costa del Sol, en las que el ladrillo ocupaba las parcelas más cercanas al litoral con la alegría de promotores y compradores, acabaron en 2008. Desde entonces, esa fiesta ha dejado una indigesta bolsa de hipotecas y créditos personales impagados debido al paro galopante desempleo que ha sufrido la provincia en los últimos años. Eso hace que, cuando no se pueden pagar las deudas, se produzcan desahucios de casas y locales comerciales –hasta de aparcamientos– y que muchos sean embargados, con lo que no pueden acceder a las cuentas bancarias. Según datos de la empresa Reparatudeuda, en torno a 70.000 malagueños no pueden acceder a sus cuentas ya sea por orden de la entidad financiera o por decisión judicial, lo que les deja indefensos.

El director comercial de la firma, Manuel Fores, señala que el 60% de los que no pueden acceder a sus cuentas son hombres y el 40%, mujeres; el 80% están casados y el impago de sus obligaciones financieras está provocado en el 70% de los casos por no haber podido hacer frente a las letras de la hipoteca de la casa o del local comercial; en el 10% por no abonar la deuda de las tarjetas de crédito y el 20% por no hacer frente a los créditos personales.

«Son las propias entidades y los jueces quienes bloquean las cuentas», precisa Fores, quien añade que ese es un estado «muy perjudicial» para una persona, porque es como estar oficialmente hundido.

Antes, no había solución para este tipo de casos. «Sólo se podía ir al banco y tratar de arreglarlo pagando menos, 100 o 200 euros al mes. Se negociaba directamente con las entidades, pero si a la entidad no le interesaba la propuesta, venían los bloqueos y las demandas judiciales».

Pero eso era antes. En septiembre entró en vigor la Ley de Segunda Oportunidad, que permite a los deudores salvar esa bola de partido con un procedimiento muy similar al proceso concursal de las empresas. El procedimiento, tutelado por el juez, permite a las familias y a los autónomos negociar un convenio a la baja con sus acreedores para liquidar la deuda en un plazo máximo de diez años. Incluso, puede negociarse la cancelación total, explica Fores. Para acogerse a este proceso, es necesario que el interesado no tenga ninguna condena firme por delitos socioeconómicos (estafas, apropiaciones indebidas, etcétera...) y demostrar que no puede hacer frente a la deuda, es decir, que el juez compruebe fehacientemente que la persona ya no cuenta con los ingresos que tenía antes de la situación de crisis para pagar. En este caso, puede darse lo que se conoce como «exoneración pasiva insatisfecha», es decir, «un auto de cancelación de la deuda» que, por supuesto, hace el juez.

Gran eficacia

Fores afirma que el 100% de los afectados pueden salvarse con este mecanismo que recoge el espíritu de la ley homónima de Estados Unidos, donde los emprendedores y familias pueden reponerse de las deudas. «Esta ley funciona en muchos países de la Unión Europea (UE): Dinamarca, Francia, Alemania y Holanda, por ejemplo». «A veces se da que el acreedor no puede cobrar. Si una familia debe 40.000 euros y este año no los puede pagar, no tiene sentido que el año que viene pueda pagar 70.000 euros. Así, se regulariza la deuda», precisa.

Para acogerse a este sistema, el débito global no debe sobrepasar los cinco millones de euros. «Si la gente está en paro y embargada, si el deudor no puede pagar, al menos que las familias no queden enterradas de por vida con estas deudas. Se trata de reducirlas o cancelarlas y que puedan salir de la morosidad», señala el director comercial de Reparatudeuda. «¿De qué sirve una persona condenada de por vida? Al final, acaban en la economía sumergida y dejan de abonar los impuestos. La esencia de la ley viene de Estados Unidos, es como volver a empezar. No tiene sentido que, porque la crisis te haya cazado, seas condenado de por vida», indica.

Familias en quiebra

Fores insiste en que en España hay más de tres millones de familias en quiebra. «Por eso se ha hecho esta ley, para reactivar a esas personas y que puedan rehacer sus vidas, pagar impuestos y las deudas», subraya.

Su consejo es que la gente acuda a un profesional jurista experto en el asunto para instar el inicio de este procedimiento, lo que hace su empresa, Reparatudeuda. «Que se pongan en contacto con nosotros. Los asesoramos y los llevamos hasta el final», concluye.

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