­El Gobierno andaluz presentará en un plazo de quince días una propuesta de programación de retirada «progresiva» del amianto de los centros educativos que cuenten con este material, según adelantó ayer el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, quien precisó que, en estos momentos, se está evaluando por parte de la Consejería de Educación el número de centros que pudieran estar afectados.

En rueda de prensa, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez aseguró que esta retirada tiene que ser «compatible» con el calendario escolar, es decir, que no perjudique las clases de los alumnos. Según indicó, se llevará a cabo en un número «no muy elevado» de centros y con «una cierta antigüedad» en la construcción.

«Ante el mínimo dato de incertidumbre e inquietud por parte de las familias, este gobierno toma las riendas y genera una respuesta inmediata», indicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, quien quiso mandar un «mensaje de tranquilidad» a las familias.

Según apostilló, dicha actuación se realizará de manera programada, con el objetivo de «eliminar cualquier tipo de duda o inquietud que puedan tener los padres y madres de niños que estén en colegios donde se encuentre este tipo de material».

«Para este gobierno la educación pública es prioritaria y fundamental, y queremos poner todos los elementos que estén a nuestro alcance para que la educación pública sea la base de la igualdad de oportunidades», incidió Miguel Ángel Vázquez.

Casos en Málaga. En la provincia de Málaga, más de una decena de centros escolares está batallando para que se retire el amianto de sus edificios, en una lucha que ha liderado el CEIP José Calderón de Campanillas. Precisamente este colegio presentó el lunes por la tarde ante la Fiscalía de Menores una petición para buscar ayuda en la eliminación de este material, según informó ayer La Opinión de Málaga. Las asociaciones de madres y padres también han trasladado esta misma petición al Defensor del Pueblo, que ya ha aceptado la petición.

En Málaga está previsto que se celebre una nueva manifestación el mes que viene, para después celebrar una asamblea cuando ya haya comenzado el curso para informar a todos los centros. Se estima que el 30 por ciento de los centros educativos de la provincia pueden tener amianto.

El grupo parlamentario de Podemos llevó la pasada semana una proposición no de ley relacionada con la retirada del amianto en los colegios que no salió adelante al contar con los votos en contra del PSOE y de Ciudadanos, grupos que sí habían votado favorablemente a mociones similares tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Málaga.

También la semana pasada, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, achacó a intereses electoralistas la polémica por el amianto en los colegios, al tiempo que consideró que no había fundamento para crear una alarma al respecto. «Estamos en periodo electoral y hay que sacar algún tema», indicó.