­La decisión del comité de empresa de Limasa, en nombre de la plantilla, de aceptar equipararse a las condiciones laborales y económicas del personal municipal del Ayuntamiento, ha dejado prácticamente sin argumentos al alcalde y a su equipo de gobierno, que reclamaron aceptar esas condiciones para encarar la posible municipalización de Limasa.

Tres días después de esa reunión, el alcalde, Francisco de la Torre, habló ayer, en caso de que se optara por la municipalización de Limasa, de la posibilidad de compensar con pluses de productividad, total o parcialmente, la bajada de salario de los trabajadores, necesaria para converger con la plantilla municipal y que se cifra en torno a un 20 por ciento.

Con ello, el regidor plantea de un lado corregir el esfuerzo económico de los trabajadores de Limasa, y de otro, especialmente, que esa compensación económica venga de un mayor esfuerzo laboral de la plantilla. De ahí nace la productividad, ligada a la consecución de objetivos. Trabajar más y con mejores rendimientos.

De la Torre, tras la última reunión mantenida con el comité de Limasa, que exige su municipalización, sigue insistiendo en que, para garantizar el nivel de calidad que se quiere para el servicio de limpieza y recogida de residuos, «es más fácil» para el Ayuntamiento plantear unos sistemas de control y de penalizaciones si la empresa es privada que si es municipal. «A no ser que los criterios de estímulo de la productividad sean suficientemente claros y resolutivos para lograr esos niveles de calidad».

Por ello, aunque reitera que «de una manera intuitiva» parece que con una empresa privada de limpieza sería más fácil garantizar la calidad del servicio, ha prometido «profundizar en el tema de la productividad».

Los requisitos que debería asumir la plantilla si la fórmula elegida a partir de abril de 2017 fuera la de una sociedad cien por cien pública serían la bajada salarial, el aumento de la jornada laboral y aceptar la entrada en la empresa bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

También se está a la espera del informe solicitado a la Dirección General de la Función Pública para determinar cómo se podría llevar a cabo la incorporación al sector público de los trabajadores de una empresa mixta como es Limasa. Al respecto, el regidor indicó que «ha habido algún contacto verbal, pero no ha salido la petición escrita».

Ahora se está pendiente de analizar las cifras de ahorro puestas sobre la mesa derivadas de la municipalización y también de determinar cómo llevar a cabo las reducciones salariales, tratando de compensar vía productividad.

Al respecto, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, insistió ayer en que la propuesta de aceptar las condiciones laborales y económicas de los empleados del Ayuntamiento, va unida a un estudio económico del ahorro que supondría la municipalización, que supera los 13 millones de euros al año, «de tal manera que si lo rechazan, será el alcalde el que tenga que explicar a la ciudadanía por qué tira más de 13 millones de euros a la alcantarilla cada año».