La denuncia del comité de empresa, canalizada a través del PSOE, ha permitido sacar a la luz una irregularidad en la que venía incurriendo desde hace al menos dos años la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) del Ayuntamiento de Málaga, como es el tener entre sus directivos dos contratos de alta dirección cuando la Ley de Sostenibilidad y el acuerdo de pleno permiten solo uno. La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, no tuvo más remedio ayer que reconocer «el error» que supone «una discordancia» con lo que establece la ley y el pleno. Todos los grupos, incluido el PP, aprobaron la moción del PSOE que obligará ahora a Smassa a «adaptarse de forma inmediata» a la ley, que permite a esta empresa municipal contar con un solo contrato de alta dirección, que corresponde al gerente.
Aunque el contrato de alta dirección que ahora se cuestiona, el del jefe de Servicios, proviene del año 2000, su irregularidad solo es manifiesta desde julio de 2014, cuando el pleno decidió aprobar la clasificación de las empresas municipales «con determinación del número máximo de miembros del consejo de administración» y con la «limitación de cargos directivos y sus retribuciones», que en el caso de Smassa señalaba un solo directivo.
El directivo en cuestión con contrato de alta dirección es el jefe de Servicios y tiene una remuneración de 66.262 euros, más 16.737 euros de incentivos (83.000 euros), muy superior a la del director gerente, Raúl López, que es de 53.380 euros, más 15.000 de incentivos, (68.380 euros.)
«Un despropósito». La edil socialista Lorena Doña criticó «la opacidad permanente» en que se mueve Smassa, donde «llevamos años de opacidad en esta empresa donde todo es oscuro», por lo que reclamó que se depuren responsabilidades y se preguntó «cómo es posible que se hayan mantenido estos dos puestos; es todo un despropósito»
La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, responsable de Smassa, no pudo por menos que admitir que «somos conscientes del error» y señalar que existe «una discordancia entre el acuerdo del pleno que fija la clasificación de la empresa y la existencia de dos puestos directivos». Por ello, señaló su disposición a adaptarse a la ley, pero solicitando un informe previo de los servicios jurídicos de la empresa para «saber los pasos a dar, pues la solución no es tan simple».
Todos los grupos apoyaron finalmente la propuesta de adaptar la empresa a las exigencias de la ley en materia de puestos directivos; también lo reclamó el representante de los trabajadores, Manuel Lima, que intervino previamente para señalar que «la ley se ha aplicado a rajatabla a los trabajadores, pero no a los directivos; estamos aquí para que se cumpla la ley y para rechazar el mantenimiento de un segundo contrato de alta dirección».
