Sólo con la perspectiva que dan los años puede echarse la vista atrás y comprobar la magnitud de la crisis económica que ha asolado el país desde que en 2006 el boom del ladrillo llegó a su fin. Y es, precisamente ahora, cuando la frialdad de los datos da un diagnóstico claro de lo sucedido en la Costa del Sol. Así, según las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe trimestral sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, entre 2007 y 2015 los bancos y las cajas de ahorro presentaron en la provincia 31.116 demandas de ejecuciones hipotecarias, es decir, por el impago de las letras del crédito con el que usted se compró su casa, su piso o, incluso, la nave de su negocio, su local comercial o su aparcamiento.
Parte de ellas no llegaron a materializarse, pero muchas sí lo hicieron y esas son las caras de los damnificados de la crisis. Todo sucedió tal y como ya saben: la crisis económica hizo que el termómetro del paro se disparase hasta cifras nunca antes vistas, precisamente porque las hipotecas concedidas en los años de vino y rosas se dieron con la alegría típica de la época, de forma que muchas parejas tuvieron que dedicar un sueldo o sueldo y medio a hacer frente a las mismas. Tras el frenesí del ladrillo, mucha gente fue despedida por falta de liquidez de las empresas y, cuando el paro y las ayudas sociales se acabaron, no pudieron hacer frente a las letras de la hipoteca y acabaron en la calle.
Hay otros dos datos que, vistos desde la atalaya que proporciona el tiempo, provocan escalofríos en quien los lee: un total de 38.155 personas desempleados demandaron a sus respectivas empresas por despidos improcedentes, según el mismo estudio del Poder Judicial, entre 2007 y 2015, es decir una horquilla temporal que abarca la totalidad de la crisis -siempre se consideró que el cataclismo financiero comienza en septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, pero hoy los expertos creen que la primera anualidad del maremoto fue 2007- .
Asimismo, casi 2.000 empresas, en concreto 1.994, se declararon en concurso de acreedores en ese periodo. Si se tiene en cuenta que la supervivencia tras un proceso concursal no llega ni al 10%, la conclusión es clara: más del 90% de esas sociedades mercantiles, la mayoría de ellas constructoras, promotoras o inmobiliarias -así como de alquiler de coches-, acabaron en disolución por no poder hacer frente a sus deudas.
Esta escasa supervivencia empresarial se explica, según los expertos, por el absoluto colapso que sufren los dos órganos de lo Mercantil de Málaga. El número 1, de hecho, es el más colapsado del país. Pero no sólo por eso. Muchas de esas empresas llegan al proceso concursal tarde, muy tarde, cuando las deudas las han asfixiado y pueden hacer poco más que dar dos brazadas para hundirse después en mar abierto. Los juristas especializados en estos procesos recomiendan acudir a ellos para asesorarse y acogerse a la figura concursal cuando aún hay margen de maniobra.
Lo que sí dejan claro los datos de los jueces es que la crisis parece haberse atenuado. Así, en los tres primeros meses de 2016 se han producido 808 desahucios -lanzamientos por impago de hipotecas, excluidos los desalojos por no abonar el alquiler-, frente a los 885 del mismo periodo de 2015, lo que indica una caída en esta cifra del 8,71%; en cuanto a las anualidades, en 2015 se produjeron 3.240 lanzamientos hipotecarios frente a los 3.485 de 2014, lo que supone un descenso algo superior al 7%.
Los jueces continúan pidiendo medios humanos y materiales para hacer frente a la avalancha de casos de naturaleza económica, especialmente los del área de lo Mercantil, dado que a toda esta realidad numérica hay que sumar las demandas por cláusulas suelo y otro tipo de productos financieros abusivos.
Cuando los desalojos de casas coincidieron con los suicidios de sus moradores, las entidades financieras decidieron otorgar una moratoria de dos años en el pago de las cantidades, un periodo que se prolongó otros dos años en muchos casos, lo que podría haber tenido reflejo en el repunte de lanzamientos hipotecarios que se produjo en 2014 -3.485 frente a los 3.074 de 2014-.
Fue en 2012 cuando las mareas y las plataformas antidesahucios pidieron con más vehemencia la generalización de los alquileres sociales y de la dación en pago, dado que muchos afectados no sólo perdían la casa, sino que además se quedaban con una deuda millonaria a la que no podían hacer frente en ningún caso.
