Menos de una semana ha tardado la Fiscalía de Menores en citar a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP José Calderón de Campanillas para conocer qué sucede en el centro y la situación en la que se encuentran ante su petición para que la Junta de Andalucía retire el amianto de sus instalacionesretire el amianto de sus instalaciones.
El pasado martes día 21 el centro presentó ante el organismo toda la información obtenida en los últimos años, una documentación que persigue que se contabilicen los centros afectados y se trace un plan de retirada progresivo. El viernes 24 de junio fueron convocados por la Fiscalía para conocer la situación y abrir diligencias preprocesales, según informó la propia AMPA.
La asociación detalló la trayectoria del centro durante los últimos ocho años y expuso con toda la documentación pertinente cómo la Junta de Andalucía se niega a facilitar los informes necesarios para conocer el estado del amianto (a los 40 años culmina su vida útil y la ley exige su retirada), además de no facilitar la visita de un técnico externo, lo cual permitiría tomar pruebas de tierra y hacer un reconocimiento más exhaustivo.
Los representantes del CEIP José Calderón continúan a la espera de un encuentro con la delegada de Educación, Patricia Alba, y exigen respuestas. El último suceso tuvo lugar el último día de clase, el 23 de junio, cuando se desprendió una parte de la cubierta del gimnasio.
La Junta de Andalucía por su parte anunció la semana pasada un plan de retirada de amianto «progresivo», en un plazo de quince días, una medida que los padres recibieron con cautela.
Aunque el centro José Calderón es el más activo en esta protesta, más de diez centros trabajan de forma activa para que se elimine el amianto. Un material cancerígeno que podría estar presente en unos 200 centros educativos de toda la provincia, según la plataforma Amianto Cero.
