Málaga es una de las provincias que más acude a los tribunales

Es la tercera provincia con mayor número de casos en los juzgados por cada millar de habitantes con 42,72 tras Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria

03.07.2016 | 16:11

Ocupa el segundo lugar en cuanto a litigiosidad en el orden Penal

Málaga es la tercera provincia española en número de casos en los tribunales y juzgados por cada millar de habitantes, lo que se conoce como litigiosidad. En concreto, en la Costa del Sol se contabilizan 42,72 casos por cada mil vecinos, sólo superada por la ciudad autónoma de Ceuta (44,59) y Las Palmas de Gran Canaria (42,95), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cuanto a la jurisdicción Penal, Málaga también queda reflejada en los primeros puestos de esta dudosa lista: es la segunda con mayor litigiosidad en este aspecto sólo superada por Ceuta. La Costa del Sol registra 29,21 casos por cada millar de habitantes frente a los 30,10 de Ceuta.

A Málaga siempre se la ha llamado irónicamente la pequeña Audiencia Nacional, lo que no deja de tener su gracia: una población flotante que se duplica en verano, sobre todo en los municipios de la franja litoral, y el ladrillo y el turismo, con la correspondiente conflictividad económica, hacen que esta provincia alcance un gran nivel de litigiosidad año tras años.

Lo que tiene claro jueces, abogados, funcionarios, fiscales y secretarios es que se necesitan más juzgados para atender semejante volumen de litigiosidad, enraizado en la sociedad civil, pero la crisis económica acabó de cuajo con la creación anual de órganos judiciales, que tradicionalmente se anunciaba en Navidad por parte de la Junta de Andalucía. Ahora, la idea es otra: las reformas abogan por unificar todas las oficinas judiciales, de forma que habría tribunales de instancia para cada una de las jurisdicciones: un ejemplo de ello, si es que llega a hacerse algún día, sería que los 17 juzgados de Primera Instancia ­–Civil– se juntarían, de forma que los jueces se dedicarían a poner sentencias y a ejecutarlas y se crearían grandes departamentos de gestión, tramitación y auxilio. La Fiscalía tendría también su propia oficina.

Las reformas previstas también implicarían la desaparición de las audiencias provinciales, de forma que salas del TSJA destacadas en cada una de ellas se dedicaría a enjuiciar los asuntos que le hubieran correspondido a las audiencias. Asimismo, la reforma también planteaba la creación de partidos judiciales uniprovinciales, algo muy solicitado y valorado por los expertos pero que no gusta ni a los municipios que ya son cabeza de partido judicial ni a muchos abogados, por aquello de que habrían de desplazarse siempre hasta Málaga para realizar cualquier gestión.

Pero toda estas reformas se han quedado, de momento, en papel mojado, de forma que ya no se crean juzgados, lo que sigue atascando a los que ya están funcionando, pero tampoco se avanza en la configuran de esa nueva planta judicial y las oficinas, salvo tímidos intentos en Vélez Málaga y El Ejido (Almería).

Los expertos también critican que se haya judicializado tanto la vida social, de forma que una simple disputa entre vecinos acaba llegando al juzgado en forma de demanda o denuncia atrayendo para sí recursos humanos y materiales que deberían emplearse en asuntos más complejos e importantes.
Otro factor a tener en cuenta cuando se analizan las cifras de litigiosidad en el ámbito Penal es que aquí los casos son más complejos que en otros sitios, precisamente por lo que se han venido en llamar macroprocesos, asuntos con muchos imputados y con delitos económicos o de narcotráfico muy difíciles de dilucidar en un plenario, y que, por tanto, requieren años de instrucción.

Tasa de litigiosidad

En España, la tasa de litigiosidad se situó en el primer trimestre de 2016 en 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 contabilizados en el mismo periodo del año anterior, fundamentalmente porque se ha dejado de tener en cuenta en las estadísticas los atestados policiales sin autor conocido –lo que ha propiciado la espectacular bajada global y en el área Penal–.

Por comunidades, Canarias sigue siendo la que registra una mayor tasa de litigiosidad de todo el país (40,7), seguida de Andalucía (37), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).

En el otro extremo se sitúan las comunidades autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3).

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