El pleno del Ayuntamiento de Málaga, con los votos a favor de Málaga Ahora, que firmó la propuesta, junto con el PSOE, Ciudadanos y Málaga para la Gente y la abstención del equipo de gobierno del PP, acordó ayer que el Ayuntamiento no podrá contratar con empresas sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a «causa de prácticas ilícitas» o por estar integradas en cárteles. La prohibición se extiende a empresas que mantengan «actividades ilegales en paraísos fiscales».

La idea que perseguía Málaga Ahora, con el apoyo de los grupos de la izquierda, era vetar a empresas como FCC o Urbaser, actuales socios privados de Limasa, a las que se impediría volver a presentarse en el caso de que Limasa saliese a concurso público. Y ello porque estas empresa, junto a otras de nivel nacional, han sido ya sancionadas en firme por la CNMC por estas prácticas ilegales.

Sin embargo, el objetivo de vetar a estas empresas no será posible en el caso de Limasa, con la aplicación de la ley en la mano. Es cuestión de calendario. La sanción en firme a las empresas FCC, Urbaser y otras por prácticas desleales se hizo efectiva en enero de 2015. Sin embargo, la modificación de la Ley de Contratos estableciendo la prohibición a las administraciones públicas de contratar a empresas condenadas por estas prácticas es de octubre del mismo año; nueve meses después, por lo que esta prohibición legal sólo se aplicará a aquellas empresas sancionadas tras la entrada en vigor de la reforma de la ley.