Caso Edu

Lomeña defiende la legalidad de los cursos de formación

El exdelegado de Empleo en Málaga declaró este lunes ante el juez que investiga el denominado caso Edu

04.07.2016 | 22:38
Juan Carlos Lomeña.

­­El exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña defendió la legalidad de los cursos de formación para desempleados con compromiso de contratación ante el juez que investiga el denominado caso Edu, sobre las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas en dos convocatorias de 2010 en Málaga. Lomeña, que declaró durante unos 20 minutos y contestó a todas las preguntas de las partes, señaló a los periodistas a la salida que «todos los cursos los ve la Intervención, que no solo mira que haya dinero para poder pagarlos, sino también la legalidad y por tanto fueron informados favorablemente». Así, añadió que «no hay menoscabo de fondos públicos ni, por tanto, ningún tipo de malversación o prevaricación», ya que, apuntó, «en todos los expedientes, o se ha pedido ya el reintegro o se está pendiente de hacerlo». «En el transcurso de la gestión de los cursos se han podido dar fallos administrativos, que los hay como en cualquier estructura, pero no hay nada penal», incidió. Por eso, se mostró «optimista» y esperó que «este juez, igual que ha hecho la jueza de Jaén, cierre el caso, porque solo se han detectado faltas administrativas».

Las pesquisas en este caso se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió 27 piezas –al margen de la principal en la que están funcionarios y políticos–, aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por relación entre las sociedades. Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la sección de la Seguridad Social, que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello. Los investigadores relataban en sus informes iniciales que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60% de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

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