«Hace dos meses nos enteramos de que la casa no nos pertenecía. Pensábamos que sí, no nos negamos a salir, pero que nos den una solución porque en septiembre se nos acaba la ayuda de 426 euros al mes. No tenemos nada», resume Rocío Montero, de 28 años.
Rocío y su marido, Moisés Molina, de 25 años y los dos en paro, han recurrido la sentencia del juzgado de instrucción número 6 de Málaga que el pasado 12 de junio les ha condenado, así como a la madre de Rocío, a pagar cada uno tres euros de multa durante tres meses y a abandonar su casa en la promoción de viviendas sociales del IMV en la calle Postigos, 20 por un delito leve de usurpación.
La pareja estuvo durante año y medio cuidando en esa vivienda a la tía abuela de Rocío, María Josefa Flores, una mujer sorda, viuda y sin hijos, hasta su fallecimiento a finales de 2011. La tía abuela vivía en la casa desde que se inauguró la promoción en 1997.
«Nosotros queríamos regularizar la situación porque pensábamos que la casa nos pertenecía al ser la tía de mi madre y no tener hijos», argumenta Rocío Montero. El matrimonio vivió en la casa durante tres años, pagando el alquiler con la cartilla de la tía. La madre de Rocío, sobrina de la inquilina fallecida, también estuvo viviendo en el piso durante cerca de un año.
«No nos metimos a patadas, llevábamos un año y medio viviendo en la casa, teníamos la llave y pagamos la luz, el agua y la comunidad», señala la joven.
Además, el matrimonio, al no tener recursos y no estar la vivienda en muy buenas condiciones, contó con la ayuda de hermanos de la iglesia evangélica para poder arreglarla. «Reunimos el dinero entre todos y como había un hermano que era albañil, entre todos echamos una mano», cuenta Cristóbal Linero, uno de los miembros de la iglesia evangélica que colaboró en las obras: la reforma de la cocina, el cuarto de baño y también la donación de muebles.
«La abogada nos ha dicho que está andando todo muy rápido con nosotros, a lo mejor para septiembre tenemos la respuesta al recurso», cuenta Moisés Molina.
La pareja lleva mucho tiempo sin trabajo. Rocío sólo ha logrado hacerlo dos meses del año pasado en una tienda de ropa, mientras que de forma esporádica hacen lo que pueden en los mercadillos con sus padres. «Han estado saliendo en los mercadillos algunas veces, pero no tienen material para comprar, así que tampoco pueden vender», resume Cristóbal Linero, que ve injusto que el matrimonio tenga que abandonar la casa que tanto ha costado remodelar, cuando se trataba de la vivienda de un familiar.
A este respecto, la sentencia señala que no son familiares directos sino «indirectos» de la anterior adjudicataria, lo que no justifica que sigan en la vivienda.
«No tenemos recursos, estamos solicitando todo lo que sale de cursos y ayudas porque en septiembre se nos acaban los 426 euros», cuenta Rocío, que señala que sus suegros están viviendo en casa de sus padres y su madre, en el sofá de uno de sus hijos. «No tenemos ningún sitio adonde ir», recalca.
