Equilibrio y responsabilidad. Esas son las dos palabras que repite más el magistrado José María Fernández Villalobos, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga, un gran desconocido para la ciudadanía pero uno de los órganos judiciales con más proyección social. Su trabajo es básico y debe hacerse con la precisión del artesano: tratar de lograr la reinserción de los internos haciendo efectivo, a la vez, el cumplimiento de las penas impuestas. Destaca este magistrado, ante todo, la honestidad de los reclusos, a los que recibe una vez a la semana en sus visitas a Alhaurín de la Torre para que le cuenten sus problemas, dudas o den sus explicaciones. «Son gente muy honesta. El preso, cuando lo miras a los ojos, lo único que te pide es franqueza y que seas justo», indica.

Del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -el juez habla con orgullo de sus funcionarios y su secretario- dependen de 1.500 a 2.000 presos de la prisión de Alhaurín de la Torre -la población fluctúa-, además de los que cumplen su tercer grado en el Centro de Inclusión Social, y el volumen de trabajo de la oficina es importante: 6.136 expedientes en 2015. Cuando la cárcel de Archidona esté operativa, el trabajo se duplicará, y reflexiona este magistrado sobre la importancia de irse planteando ya la creación de otro juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Málaga. «Este juzgado se colapsará si no se crea otro», dice analítico.

En los últimos meses, este tipo de juzgados han salido a la luz pública porque personajes como el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, o Isabel Pantoja (en Sevilla) han dependido de ellos para progresar en sus clasificaciones penitenciarias, tener permisos o acceder al tercer grado, pero como explica Fernández Villalobos, «este órgano es un gran desconocido para la sociedad». Es difícil encontrar a alguien que hable con tanto respeto de los internos. «Cuando hablamos de justiciables, hay grupos especialmente vulnerables como los presos», señala, y recuerda que la primera ley aprobada en la democracia fue la Ley General Penitenciaria. «La esencia del sistema penitenciario es la reinserción social y la reeducación, también el cumplimiento de la condena, pero hay que buscar el equilibrio porque si sólo se pretendiera buscar el carácter retributivo de la condena no se produciría la reinserción», reflexiona.

¿Y qué hace un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria? «Velar por el cumplimiento de la condena y el respeto de los derechos de los internos, además de revisar decisiones administrativas y disciplinarias».

Fernández Villalobos habla de la soledad del juez. Entre sus expedientes más habituales está la concesión o denegación de los permisos. «Hay que ir caso por caso, no puedes resolverlo automáticamente», aclara. Los permisos los propone la Junta de Tratamiento de la Prisión, donde están el director del centro, el subdirector médico, el de seguridad, un jurista, el psicólogo, el asistente social y el trabajador social. A veces la petición sale por mayoría y otras veces por unanimidad, y se envía al juez, quien escucha al interesado y al fiscal además de a Instituciones Penitenciarias. «Nos podemos equivocar, por eso actuamos con tanta prudencia, intentamos obtener toda la información objetiva posible. No son matemáticas», asegura, para añadir después que se trata en suma de cuánta confianza se ha ganado el preso. «Es un juego de equilibrios, porque hemos de garantizar el cumplimiento de la pena y tratar de que el interno pueda ir progresando de grado».

Ahora, con el Estatuto de la Víctima, aprobado en 2015, la posición de las mismas en el proceso penal se tiene mucho más en cuenta. «Si yo dicto una resolución, y ha de dictarse también una medida de protección para la víctima, hablamos con el SAVA -Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía-, la policía, etcétera...». «Cuando un caso nos preocupa los reúno en esta mesa», afirma.

También interviene el juzgado trabajando codo con codo con las autoridades judiciales de otros países cuando un preso extranjero pide cumplir su pena en su país, algo que permite ya la normativa europea; en las quejas que ponen los reclusos o en las sanciones disciplinarias que estos reciben por parte del centro, así como en las progresiones de grado o las libertades condicionales, siempre escuchando a todas las partes del proceso. Pero sobre todo se trata de escuchar al otro. «En cuanto a las peticiones y quejas cualquier preso me puede mandar una carga y decirme señoría yo no estoy de acuerdo con el trato en este caso. No creo que haya en Penal un destino tan cercano y accesible al destinatario de un trabajo como el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria», recalca.

Alaba a los funcionarios de prisiones y a la Institución Penitenciaria, así como también destaca la talla humanística y jurídica de sus compañeros en los juzgados de Vigilancia de toda España. «Hoy en día, la Justicia en el siglo XXI debe ser más cercana, el juez ha de tener las puertas abiertas, lo cual no está reñido con que luego no le des la razón. Yo siempre les digo a los presos que lo estudiaré y, si no están de acuerdo, les invito a recurrir», recalca.

Visita los módulos de la prisión regularmente, habla con los internos, inspecciona las celdas y pide informes sobre cualquier problema que detecte para buscar su mejora. Otra de sus atribuciones es velar por las medidas de seguridad con el fin de que, por ejemplo, aquellos que tienen trastornos mentales puedan ir a centros psiquiátricos o que ingresen en la cárcel con su correspondiente control médico.

En cuanto a los toxicómanos, cada vez hay menos entre rejas. «Cuando ingresan en el CPD, que son los módulos especiales es porque quieren salir de la droga. Ellos suelen decir estoy limpio, señoría. Una vez en el centro, se observan, dicen que están limpios y sale a relucir la verdadera persona», apunta.

Y añade una última reflexión: «¿De qué sirve sancionar si la persona no se reeduca? Haciendo lo mismo siempre tendremos siempre los mismos resultados. Hemos de seguir trabajando para que llegue el verdadero cambio. Aquí tú ves cómo la gente ha cambiado. Hay que implicarse».