­Limasa plantea el despido del jefe de Compras tras la investigación interna que ha deparado que el trabajador estaba en connivencia con una de las empresas que proveen de material a Limasa para inflar las facturas, según señaló este viernes el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que dio cuenta de la investigación realizada. En total, se estima que la cantidad defraudada podría ascender a 9.434,9 euros, importe alcanzado mediante pequeños incrementos de las cuantías abonadas por Limasa en las facturas del proveedor.

Jiménez ha detallado que, además de la empresa contratada para investigar la denuncia (Garrigues), se ha llegado a contar con los servicios de un detective privado. Por medio de este se determinó que el día 27 de junio de 2016, «sobre las 16,20 horas se pudo comprobar como el empleado de Limasa abandonaba su domicilio en un municipio de Málaga para dirigirse a un campo de fútbol de esa localidad en su vehículo todo terreno. A las 17, 25 horas apareció una furgoneta con un logotipo correspondiente a una de las empresas proveedoras de Limasa; de la furgoneta blanca se bajó un proveedor que procedió a entregar en mano al empleado un sobre blanco que guardó inmediatamente y tras un breve intercambio de palabras cada uno abandonó la zona por su lado».

Ahora, la empresa ha ampliado la investigación -que hasta ahora se ha ceñido al 2015- para saber si las irregularidades se extienden a otros años y a otros proveedores.

El modus operandi era el siguiente: el proveedor enviaba un presupuesto inicial al jefe de Compras con unos precios unitarios, éste le devolvía al proveedor el presupuesto, ya en forma de pedido, pero incrementando los precios de compra; el proveedor emitía la factura definitiva y enviaba el material. La investigación deberá aclarar ahora como repartían las ganancias entre ambos.

Dos ejemplos concretos: unas unidades de chapa de determinado milímetros que el proveedor le enviaba a un precio de 530 euros la unidad, el jefe de Compras aumentaba el precio a 560 euros; otra factura de 4 unidades de chapa de un grosor a un precio de 225 euros la unidad, el jefe de Compras lo subía a 395 euros

La empresa ha propuesto el despido y el trabajador ha entregado a su vez un pliego de descargos y será ahora la comisión laboral, donde están empresa y sindicatos, la que dicte la resolución final.

Asimismo, Limasa estudia iniciar acciones judiciales. En principio, se está estudiando que las irregularidades detectadas puedan constituir un delito de apropiación indebida, con agravante de abuso de la relación de confianza que Limasa tenía depositada en su empleado.