Vigilancia

El Ayuntamiento quiere usar drones para controlar irregularidades urbanísticas

El Área de Seguridad tumba el proyecto de emergencias presentado en 2014, que supuso una inversión aproximada de 24.000 euros en dos dispositivos, y lo adapta a la vigilancia de parcelas y construcciones ilegales en diseminados – Diez agentes de la Policía Local han sido formados

18.07.2016 | 13:01
Presentación del malogrado Proyecto Surveiron en octubre de 2014.

Las claves

  • Octubre de 2014. Universidad, Ayuntamiento y la empresa Aeorum suscriben un convenio para el desarrollo tecnológico en prevención, seguridad y gestión de emergencias.
  • Drones. El proyecto contempla dos aeronaves no tripuladas dotadas de una cámara para grabar imágenes y otra termográfica. Un dron costó 18.000 euros y otro 6.000 y ambos no se usan desde entonces. La búsqueda de personas o la detección de incendios en masas forestales urbanas iban a ser su principales funciones
  • Trabas. La Ley prohíbe los vuelos de drones sobre zonas urbanas y sobre aglomeraciones de personas. El Ayuntamiento tampoco considera viable crear una unidad de drones.
  • Control urbanístico. El Ayuntamiento decide usarlos para controlar infracciones urbanísticas en los diseminados.

El ambicioso Proyecto Surveiron que pretendía dotar a la ciudad con una flota de drones para reforzar la prevención y la gestión de emergencias cambia de rumbo. La iniciativa, presentada en 2014 por el Ayuntamiento, la Universidad de Málaga (UMA) y la empresa Aeorum para mejorar la prevención y gestión de emergencias en la capital, ha sido descartada por el actual concejal del Área de Seguridad, Mario Cortés, quien tras su nombramiento se encontró con un convenio un tanto sobredimensionado de su antecesor en el cargo, Julio Andrade, y respaldado por el alcalde, Francisco de la Torre Prados. Tras meses de muchas preguntas y ninguna respuesta del Ayuntamiento de Málaga al interés de este periódico por el estado del proyecto, en el que se invirtieron alrededor de 24.000 euros en dos aparatos, ha sido Cortés quien ha reconocido que no verá luz en su formato original.

La idea inicial consistía en desarrollar una flota de drones por toda la ciudad que incorporaran tecnologías de navegación, decisión y detección basadas en la visión e inteligencia artificiales, tal y como explicaron el día de su presentación. «El centro de control, situado en el centro Municipal de Emergencias, será accesible en tiempo real para facilitar la toma de decisiones. Ante una situación de emergencia o riesgo, el sistema acudirá a la zona afectada, adquiriendo y analizando datos del entorno para enviarlos al centro de control. Allí se realizará un levantamiento tridimensional del escenario y se podrán visualizar los acontecimientos más importantes en tiempo real, como la presencia o dimensión de un fuego, la localización de personas o posibles daños en la estructura de los edificios», explicaban entonces los firmantes del convenio en un detallado comunicado que destacaba cómo esta herramienta permitiría la toma de decisiones seguras a nivel local, nacional e incluso a expertos localizados en otros países si la situación lo requiriese.

De primeras, el concejal alude a la inviabilidad administrativa y operativa que suponía crear una unidad policial específica de drones y seis bases a lo largo y ancho de la ciudad, sobre todo con el número de agentes con los que cuenta la Policía Local de Málaga. Poco después admite las pocas probabilidades de llevarlo a cabo con la estricta normativa vigente que regula el vuelo de drones en nuestro país. Así lo sugieren a este diario fuentes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), quienes aseveran que la actual ley no permite sobrevolar dispositivos de este tipo sobre zonas urbanas ni aglomeraciones de personas salvo casos muy excepcionales, y bajo ningún concepto de noche.

Sin embargo, la intención municipal es que los dispositivos no sigan embalados en sus cajas y sin uso bajo la custodia del departamento de informática de la Policía Local. El objetivo es que a partir de finales de año –sólo queda resolver el seguro de responsabilidad civil– los drones puedan volar en las zonas menos pobladas para obtener imágenes de posibles parcelaciones y construcciones ilegales. Esto, matiza Cortés, se haría en diseminados, siempre y cuando el acceso o la visibilidad de las mismas no sea posible desde tierra. El responsable del Área de Seguridad explica que el pilotaje a distancia correrá a cargo de una decena de agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga que han sido formados para ello, aunque a los cursos de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM) también ha asistido algún miembro del Real Cuerpo de Bomberos.

Preguntas pendientes. Además de La Opinión de Málaga, sólo el Grupo Municipal Socialista (GMS) se ha interesado por el estado del Proyecto Surveiron desde que se presentara hace casi dos años. Lo hizo el 23 de octubre de 2015 con un escrito preguntando sobre la adquisición de los drones, quién lo ordenó, su partida presupuestaria, dónde se compraron o si hubo una oferta pública, entre otras cuestiones. El 11 de noviembre, el equipo de gobierno remitió a los socialistas a la web del Ayuntamiento asegurando que todos los contratos están disponibles en ella. El 20 de noviembre, en una comparecencia pedida por los socialistas para conocer todos los detalles del proyecto, el Área de Seguridad sólo contestó que los drones no estaban operativos, por lo que el principal grupo de la oposición se ha visto obligado a solicitar el expediente de compra de los aparatos, algo que a día de hoy no ha sucedido.

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