­María Gámez, portavoz del grupo municipal del PSOE, y la edil socialista Begoña Medina denunciaron ayer la deuda que han contraído los socios privados de Limasa con la ciudad debido al concepto de asistencia técnica. Desde el 2004 hasta el 2014, los socios privados de Limasa cobraron una asistencia técnica que según la Intervención General de la Administración del Estado era improcedente, una cantidad que cifraron en 1.400.000 euros. La portavoz del grupo municipal del PSOE señaló que«la asistencia técnica es un concepto engañoso y esconde beneficios».

Hace siete meses desde que se inició la comisión de investigación, recordó, «de lo que hemos investigado hasta hoy, tenemos más que en tela de juicio los pagos que año tras año se han hecho a esta empresa: la asistencia técnica», insistió María Gámez.

La Intervención General, en 2014, afirmó que no se debe pagar este porcentaje sobre la compensación, es decir, que esa cantidad debería ser devuelta. «El colmo es que se introduzca este porcentaje en una compensación, puesto que no es un trabajo», subrayó Gámez. El Ayuntamiento, tras el pronunciamiento de la Intervención General, le reclamó a los socios privados esa cuantía, pero estos argumentaron, según un informe que mostraron la edil y la portavoz, que no corresponden a sus intereses devolver esa cantidad. Sobre este tema está pendiente la comparecencia del alcalde, que será este jueves 21 de julio.«En la comisión que tiene lugar el jueves se le preguntará al señor De la Torre sobre esto y sobre otras muchas cosas», detalló Begoña Medina.

El comienzo de la investigación fue en julio del año 2012, cuando Limasa trasladó a la Agencia Tributaria una petición de la devolución del IVA aplicada a la ´compensación´ económica. La Agencia estableció que al no ser un trabajo no debería generar IVA. Por ello, Limasa pidió la devolución del IVA pagado.

Todo esto condujo a que el departamento correspondiente del Ayuntamiento se planteara que tampoco tendría sentido que le estuvieran aplicando a dicha compensación la asistencia técnica. Finalmente, al establecer que la compensación no es un trabajo, tampoco debería de recaer sobre ella la citada asistencia técnica.

Tras las declaraciones de las ediles socialistas, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, Raúl Jiménez, criticó al PSOE y aseguró que el Consistorio malagueño «ha cobrado los 1.400.000 euros y los ha gastado en mejorar los servicios del año 2014».

El concejal continuó diciendo: «Otra cosa es que entre empresas, Limasa y privados se pongan de acuerdo, pero el Ayuntamiento recibió ese dinero», explicó afirmando que «están las certificaciones y ellos (PSOE) las tienen». Por ello, Jiménez no comprende el desconocimiento que están mostrando. Para concluir, el concejal lamentó: «Sería interesante que nos pidieran antes información, porque al final acaban confundiendo a la ciudadanía».