Urbanismo

El Parlamento andaluz aprueba regularizar 25.000 viviendas ilegales en Andalucía

La nueva normativa – que contó con la abstención de Podemos e IU y el apoyo de PSOE, PP y C's– entrará en vigor después de más de un año de debate

20.07.2016 | 19:02
La presidenta andaluza, Susana Díaz, en su escaño durante el pleno del Parlamento en Sevilla, que ha aprobado hoy, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales, un 8% del total de las que hay en la comunidad que ascienden a unas 300.000, según el último censo.

En la provincia de Málaga se calcula que hay entre 6.000 y 10.000 parcelaciones irregulares.

El Parlamento andaluz ha aprobado hoy, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales, un 8 % del total de las que hay en la comunidad que ascienden a unas 300.000, según el último censo.

La nueva normativa, que contó con la abstención de Podemos e IU, entrará en vigor después de más de un año de debate y fija controles sobre el tipo de vivienda que pueden acogerse a los cambios para regularizar las edificaciones ilegales.

Sólo podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición.

La gran mayoría de estas construcciones se sitúan en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque otro buen número de ellas se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa.

Sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.

También obliga a los ayuntamientos a iniciar, en el plazo máximo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.

Todos los grupos consiguieron introducir en la modificación legal distintas enmiendas, lo que fue destacado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que agradeció su participación en la tramitación del proyecto, así como la de los agentes sociales.

Según Fiscal, el cambio normativo responde a la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos y ofrecer soluciones "reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas" entre partidos.

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