Urbanismo

La modificación de la LOUA legalizará hasta 10.000 viviendas irregulares

La comarca de la Axarquía y ciertas zonas de la provincia de Almería, «principales beneficiarias de la amnistía» para más de 25.000 propietarios de inmuebles en Andalucía

21.07.2016 | 00:59
Vista panorámica del entorno de la localidad axárquica de Alcaucín, donde más de 300 propietarios podrán beneficiarse de esta nueva normativa.

No son todas las casas por regularizar

  • Sólo podrán beneficiarse de la medida aprobada ayer por el Parlamento andaluz las edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan «al menos seis años de antigüedad», no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta de Andalucía como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición –aunque ayer los portavoces de los afectados se apresuraran a anunciar que no habrá más derribos–. La gran mayoría de las construcciones reseñadas se sitúan en la comarca de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque también hay algunas en la provincia de Cádiz. «Todas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa», como señaló un portavoz del Ejecutivo autonómico, en presencia de muchos de los alcaldes axárquicos reunidos en sede parlamentaria para celebrar la medida.

Instan a los ayuntamientos a que completen sus inventarios de casas ilegales.

­«No se trata ni de un cheque en blanco, ni de una amnistía para todo el campo andaluz». Pero la modificación de la LOUA aprobada ayer en el Parlamento autonómico pondrá fin al calvario que padecen de 6.000 a 10.000 «compradores de buena fe» de viviendas urbanizables en toda la provincia de Málaga. La medida permitirá regularizar unas 25.000 en Andalucía, el 8% de todas las existentes: más de 300.000 según los últimos datos que maneja la Junta.

El alcalde de Alcaucín y portavoz del colectivo axárquico Soha, el belga Mario Blancke (C´s), incidía en que no es el fin definitivo a las reivindicaciones de los afectados. En su localidad serán 300 las familias que se beneficiarán de un cambio en la normativa urbanística actual y «que evitará futuras demoliciones». Eso sí, no se archivarán los diferentes expedientes de demolición que ya estén en marcha.

«Es una modificación de carácter social, más que jurídico. Porque a partir de ahora podrán conciliar el sueño compradores de buena fe de casas con más de una década de antigüedad, todas las edificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA. En algunos momentos, los colectivos ecologistas han contado verdades a medias sobre estos trámites», matizó el regidor axárquico.

«Se trata del día más importante en la historia de los que integramos Soha, como asociación de afectados por la falta de regularización de viviendas en la Axarquía, después de toda una década de lucha para que se contemplen nuestros derechos», dijo.

Blancke esperaba la abstención de IU en el debate plenario, pero no la de Podemos. En total fueron 88 los votos favorables y 19 abstenciones. En la Cámara andaluza estuvieron presentes numerosos alcaldes axárquicos, así como portavoces y asesores de las principales asociaciones de residentes foráneos que durante años han luchado por la defensa de sus derechos como propietarios de casas que en su día adquirieron «sin saber que eran ilegales», como demandaban los munícipes en nombre de esos propietarios.

«Es pronto para hablar de cifras». Como portavoz de Soha, Blancke instó a los ayuntamientos malagueños a que hagan sus deberes. «La mitad no disponen de inventarios de viviendas irregulares, por lo que hablamos de ese margen extenso de potenciales beneficiarios, de seis a diez mil», señaló.

La comarca de la Axarquía y algunas áreas de Almería concentran la mayor parte de las casas que permanecen sin regularizar en toda Andalucía. Otro de los alcaldes axárquicos con un mayor cupo de inmuebles sin ordenar, el socialista José Juan Jiménez, de La Viñuela, manifestaba que todavía es «pronto para hablar de cifras». Expresaba su tremenda satisfacción porque la medida del Ejecutivo andaluz, respaldada por PSOE, C´s y PP, «pone seguridad jurídica a la adquisición de viviendas en Andalucía, algo por lo que se llevaba muchos años luchando».

El grupo socialista, por ejemplo, introdujo a última hora una enmienda que incluye en la modificación recién aprobada «los asentamientos u áreas que se urbanizaron en su día en el campo». De esa forma, incluyendo esa tipología de inmueble, las viviendas que se encuentran en vías de poder regularizarse en la provincia se elevaría a más de 60.000.

De ese volumen, aproximadamente el 8% podrán resolver su situación, como confirmaban tanto los afectados como la propia Administración autonómica. En la Axarquía, es cierto que no se ha construido prácticamente ningún nuevo inmueble irregular desde la entrada en vigor de la LOUA, pero no podrán beneficiarse de la medida las familias que tengan expedientes en los tribunales, en vías de que se pueda dictar una orden contraria a sus aspiraciones de legalizar sus propiedades.

La Junta recordó que el texto le otorga a los municipios una serie de obligaciones: porque tendrán un plazo máximo de dos años para redactar el avance del planeamiento que permita incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado. Este aspecto también era muy demandado por los afectados, como recordaron portavoces de los colectivos de la comarca de la Axarquía y de tierras almerienses.

Ayer, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, agradeció la implicación de todos los grupos en el proceso para ultimar la modificación. De hecho, todos los grupos introdujeron diferentes enmiendas, no sólo el PSOE. El objetivo, según expresó, era «ofrecer soluciones reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas entre partidos».

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