Tribunales

Primer condenado en Málaga por el fraude de los cursos de formación

Es sentenciado a devolver 76.629 euros a la Junta de Andalucía y a pasar dos años y medio en prisión

22.07.2016 | 09:14
El juicio se celebró en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un empresario malagueño a dos años y seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y otro ilícito de falsedad. Además, tendrá que pagar 3.600 euros y devolver, en concepto de responsabilidad civil, 76.629 euros más intereses de demora a la Junta de Andalucía por la subvención recibida y 68.499 euros a otra empresa que subcontrató. Asimismo, deberá pagar las costas causadas a la acusación particular ejercida por el Ejecutivo andaluz. Se trata del primer condenado por el fraude de los cursos de formación a desempleados en la provincia.

El acusado es el dueño y socio único de una entidad mercantil domiciliada en Málaga y dedicada a la formación. «Con la intención de obtener una ganancia económica indebida, y a sabiendas de que carecía de las condiciones necesarias para ser beneficiario de ayudas públicas, al no disponer de la capacidad financiera y técnica precisas, presentó una solicitud de subvención pública ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para impartir dos cursos de formación profesional ocupacional», considera probado el tribunal.

Dos cursos de administrativo
A la solicitud adjuntaba un proyecto y un anexo «con el número de alumnos que podía asumir y la relación de las empresas en las que, una vez concluido el curso, iba a ser empleado el 60% del alumnado, al amparo del decreto 204/1997, de 3 de septiembre, y la orden de 12 de diciembre de 2000 de convocatoria, desarrollo de los programas de formación profesional ocupacional de la Junta de Andalucía, así como de acuerdo con el reglamento para la concesión de subvenciones y ayudas públicas».

La subvención le fue concedida y el 9 de junio de 2008 se celebró el convenio de colaboración entre la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y la empresa, representada por el acusado, en materia de formación profesional ocupacional. Obtuvo una subvención de 127.716 euros «que debía ser destinada a impartir las acciones formativas que se concedían en la propia resolución/convenio citado». Concretamente, debía impartir dos cursos de formación ocupacional de la Consejería de Empleo de la Junta: uno de administrativo comercial y otro de administrativo de personal, ambos de 734 horas. Recibió del SAE, en concepto de anticipo, 76.629,30 euros, «a razón de 38.314,80 euros por cada uno de los módulos, dinero del que se apropió el acusado en su propio beneficio».

Engañó a otra empresa
Por otro lado, como socio único de su mercantil, se valió de su relación con otra empresa dedicada a la formación de trabajadores y a su reciclaje profesional, así como a la formación integral en general, a la que le había alquilado, con anterioridad, aulas para impartir sus clases a cambio de un precio. El encausado explicó a esta empresa que había recibido 127.716 euros de subvención y expuso «las altas probabilidades de extensión profesional por Europa y, en especial, por Polonia, donde el sindicato Solidaridad había mostrado interés en su mercantil.

La empresa del procesado contrató el 14 de octubre de 2008 a esta segunda mercantil, «a sabiendas de que no les iba a abonar el importe de sus servicios, pues carecía de patrimonio». En concreto, esta sociedad debía ejecutar el plan de formación impartiendo el 60% del módulo y el 40% restante lo impartiría la firma del encartado, excepto el 25% del alquiler de las aulas del segundo curso y de una partida de 26.561,62 euros para la contratación del profesorado por parte de la segunda empresa para el primer módulo. El acusado debía adelantarles 26.506,58 euros por cada curso del pago total del servicio al inicio de las acciones formativas y 5.422,42 euros al finalizar cada acción, de manera que se emitirían dos facturas a la empresa del encausado, una al inicio y otra al final «por dichos porcentajes y por concepto de impartición e instalaciones». Para ello, el acusado, al inicio de la ejecución de los cursos y «como anzuelo de solvencia, le realizó dos pagos parciales, por importe de 3.000 y 2.200 euros, respectivamente». Una vez concluidos los cursos, el acusado y su firma desaparecieron sin dejar rastro, dice la Sala.

«Reputación y prestigio»
La empresa subcontratada, «dado su reputación y prestigio en el ámbito de la formación profesional, impartió los cursos teóricos en su totalidad, asumiendo la gestión en el montaje, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos y justificación económica, según consta el contrato, dejando de percibir 68.499,17 euros».

El procesado, finalmente con objeto de justificar el cumplimiento del convenio suscrito con la entidad pública y obtener así el importe íntegro de la subvención concedida, presentó al SAE, «con ánimo de obtener indebidamente el importe pendiente de percibir de la subvención concedida –51.086 euros–, la solicitud de liquidación de la subvención, reflejando en ella, de forma mendaz, que había destinado los fondos públicos al pago de facturas» emitidas por la empresa que subcontrató.

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