Desahucio

Una madre de Carlinda con dos hijas irá seis meses a prisión por una casa ilegal

El juez se niega a sustituirle la pena mientras no tire la casa pero si lo hace se quedará en la calle

24.07.2016 | 05:00
María Dolores Cisneros denuncia la situación que está viviendo y espera que su casa sea legalizada

­María Dolores Cisneros López fue sentenciada en 2012 por un juzgado de lo Penal a pagar una multa de 2.160 euros, seis meses de cárcel y a tirar una vivienda fuera de ordenación que, junto a su expareja, construyó en un diseminado de Carlinda. Fue denunciada en 2008 por la Guardia Civil. Esta mujer es madre soltera de dos hijas pequeñas, no tiene antecedentes penales y esta es su única condena, pero, aún así, el juez se niega a sustituir la pena por una multa o trabajos sociales o a suspenderla mientras no derribe la vivienda. Para más inri, la casa está en vías de ser legalizada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y, si la tira, se quedará en la calle con las dos menores.

«Es ama de casa, madre de dos hijas menores de edad, actualmente tiene un trabajo temporal para agosto, carece de antecedentes y es la primera vez que ha sido condenada», precisa el letrado Manuel Garrido. La vivienda, cuya demolición ordenó el juez, constituye su domicilio habitual, «en la que reside con sus dos hijas menores de edad, por lo que su derribo supondría prácticamente quedarse en la calle».
La mujer pagó la multa impuesta, la entidad de la pena es escasa (seis meses) y no tiene antecedentes, dice su letrado, quien el 20 de octubre de 2014 solicitó que se le suspendiera la pena de cárcel o se le sustituyera por trabajos en beneficio de la comunidad, dado que el Código Penal dispone que el juez podrá dejar en suspenso la ejecución de las penas de cárcel no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la misma no sea necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos.

Además, el magistrado valorará las circunstancias del delito cometido, sus circunstancias personales, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo por reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, entre otros.

El juez de lo Penal rechazó tanto la suspensión como la sustitución de los seis meses de cárcel «porque no se ha demolido lo ilegalmente construido». El abogado volvió a enviar un escrito informando de que la casa no se tiró porque estaba en trámites de legalización por parte del Ayuntamiento de Málaga. El 13 de noviembre de 2014, la Asociación de Vecinos Camino los Alcabuceros-Maestro Escuela –que agrupa a las cincuenta familias poseedoras de casas que se encuentran en la misma situación que la de María Dolores– presentó un escrito pidiendo que estas edificaciones fuesen incluidas en el Avance de Planeamiento como hábitat rural diseminado. Aún hoy, el Consistorio no se ha pronunciado sobre el escrito, pero sí emitió un informe el 8 de julio en el que se pone de manifiesto la incorporación de la edificación de su cliente al hábitat rural diseminado Los Negros.

«La circunstancia de que la casa no se encuentre aún legalizada se debe al retraso de los trámites burocráticos». No se ha demolido la casa, aclara el letrado, a la espera de conocer si va a ser regularizada, «todo ello el grave e irreparable perjuicio que conllevaría demoler una vivienda que puede ser legalizada».

Pese a todo, el juez dictó una providencia el 29 de abril de 2015 ordenando el ingreso en prisión de esta madre soltera en cinco días, frente a lo que el letrado presentó un escrito por el que solicitaba de nuevo la suspensión de la ejecución de la pena o su sustitución, «dado que el ingreso en prisión no tendría sentido alguno, tratándose de una pena de tan escasa entidad y no siendo María Dolores un reo habitual».

Su paso por la cárcel «le supondría un agravio irreparable, ya que perdería su trabajo, que constituye el sustento de su economía familiar y conllevaría un desequilibrio emocional y moral para su núcleo familiar, con las importantes consecuencias tanto sociales como psicológicas que tiene a lo largo de toda la vida del reo el paso por un establecimiento penitenciario, más aún siendo madre de dos hijas menores y llevando una vida normal», dice el letrado.

Este añade que su ingreso en prisión, lejos del efecto resocializador y de prevención, «tendría, por el contrario, un carácter desocializador y de castigo desproporcionado, pues difícilmente, por la duración de la pena –sólo seis meses– y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido –más de ocho años– su internamiento en la cárcel puede tener un efecto reeducativo o disuasorio».

Pese a ello, el juez sigue rechazando la posibilidad de que la pena sea suspendida o sustituida y ordenó el 11 de julio pasado que el Ayuntamiento demoliera la casa a costa de la vecina. Por todo ello, se ha solicitado al Ministerio de Justicia un indulto para la mujer.
«Todos los que vivimos allí estamos en situación de legalizar nuestras viviendas. Ya llega la basura y tenemos contenedores, el distrito le ha dado números a nuestras casas y nos han asfaltado el camino, pero el juez dice que ese plazo prudencial para legalizar la casa ha pasado», explica María Dolores Cisneros, quien añade: «Urbanismo dice que se está estudiando mi caso. Yo no tengo ni multas de tráfico, soy una señora de a pie, normal y corriente. Hasta que me den o no el indulto el juez puede determinar mi ingreso en prisión».

«Soy madre de dos niñas de nueve y siete años, la niña se da cuenta. No quiero darle todo este sufrimiento a mi familia», señala. «Yo le compré el terreno en 2007 a una señora ya fallecida, ella dijo que edificase porque aquello era un diseminado y había muchos. Entre los amigos la hicieron. El Seprona llegó y yo les dije que hicieran las fotos. Nunca me he escondido de la Justicia», precisa.

«Por lo menos que me den un tiempo para legarlizarla o no, en Urbanismo dicen que están estudiando mi caso». «Al juez le hemos dicho que está en proceso de legalización, pero él se niega. Hemos presentado un contrato de trabajo de dos meses y nada», se queja.

«¿Dónde me voy si tiro la casa? Me voy de okupa y engancho la luz y el agua, porque parece que eso no está penado. Esas familias sí hacen daño a la propiedad, pero yo no le he hecho daño a nadie, y eso no está penado y lo mío sí», reflexiona María Dolores Cisneros.

«¿Qué me voy cuando tire la casa con una tienda de campaña sobre los escombros con mis hijas y luego que Asuntos Sociales me las quite?», se preguntó, para asegurar: «Es la pescadilla que se muerde la cola».

Su abogado concluye: «El juez condiciona la suspensión de la pena a la restitución del daño causado y eso es la demolición. Si tira la casa abajo se le suspende la pena, pero es el domicilio habitual que tiene con sus dos hijos. Si en Urbanismo dicen que tiene muchas posibilidades de regularizarse, no sé si tirar la casa es un riesgo que se puede asumir».

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