El alcalde Francisco de la Torre pretende que la Junta de Andalucía le «dispense» de pagar los 14,3 millones que el Ayuntamiento adeuda a la administración andaluza por las obras del metro.

En una moción urgente que llevará al pleno de hoy, el regidor insta a la Junta a la firma de una adenda al convenio firmado en 2003 con el Ayuntamiento para que se establezca «la dispensa de las cantidades a aportar en concepto de inversión (obra)».

El argumento es que dicho convenio, según el texto de la moción, señalaba que la aportación económica del Ayuntamiento era en concepto de «anticipo» a las cantidades que debía aportar el Gobierno central y que una vez que Junta y Gobierno central suscribieron en 2005 un convenio de financiación «se hacía innecesario adelantar el dinero» por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Sentencia aclaratoria. El alcalde aduce una segunda justificación para reclamar la dispensa de la deuda y es que en tres ayuntamientos sevillanos por donde discurre el metro, Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Mairena del Alcor, «la Junta eximió a los consistorios del pago, sin siquiera mediar compensación», como se hizo con el Ayuntamiento de Sevilla al que se le permitió compensar con obras de movilidad la cantidad que debía aportar.

La postura del alcalde se produce días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reducía de 32,3 a 14,3 los millones de euros que el Ayuntamiento debe aportar a las obras del metro.

La moción insiste en argumentar que «parece más claro que nunca» que es necesario firmar un nuevo acuerdo que actualice las cantidades que deben asumir Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga en relación al metro y con el que el gobierno andaluz «sitúe a Málaga al mismo nivel que ha situado a los vecinos y vecinas de Dos Hermanas, San Juan y Mairena.

La posición de fuerza que ahora pretende ejercer el alcalde viene reforzada por la citada reciente sentencia del TSJA que estimó en parte el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital contra tres liquidaciones giradas por la Junta de Andalucía por las obras del metro que sumaban 32,2 millones de euros y reducía la obligación de pago del Consistorio a 14,3 millones de euros.

En su demanda el Ayuntamiento argumentaba que las liquidaciones giradas por la Junta «adolecían de falta de motivación» pues no había referencia a expediente alguno ni a informes técnicos, por lo que las impugnó. Además, consideró que no son de su cargo las cantidades que se le reclamaban pues la obligación que contrajo en 2003 era sólo adelantar una parte, por lo que añadía que se le querían exigir «responsabilidades no pactadas».

La sentencia del alto tribunal andaluz daba la razón en este punto al Ayuntamiento malagueño al señalar que «la obligación del Ayuntamiento solo podría verse afectada por las variables ya pactadas pero, no a las derivadas de un nuevo trazado».