­La Policía Nacional ha desmantelado en Málaga un entramado fraudulento compuesto por cinco empresas con las que se procuraban contratos ilegales a trabajadores para el cobro de prestaciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y, en otros casos, para regularizar a ciudadanos extranjeros en situación irregular. El operativo ha supuesto la detención de 52 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social con un desfalco a la administración que ascendería a 1.374.828 euros.

La investigación comenzó en octubre del año pasado cuando los agentes detectaron un entramado de empresas ficticias -en algunos casos con una mínima actividad real-, dedicadas presuntamente al sector servicios y con sede social. Las pesquisas apuntaban a que con ellas se procuraban contratos fraudulentos para que los trabajadores pudieran acumular los días suficientes de cotización para el cobro de prestaciones por desempleo o bien para las pensiones por jubilación. Otras veces, los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular. Más adelante, los investigadores constataron cómo los supuestos empleados desembolsaban entre 250 y 450 euros a los administradores de las citadas empresas fraudulentas para la obtención de un contrato ilegal de trabajo. Los pagos se hacían bien en metálico o, en otros casos, se les descontaba de la nómina si desempeñaban alguna actividad laboral.

Al frente de la trama estaban dos españoles de 40 y 45 años que ejercían labores de administración en las empresas y estaban dados de alta en las mismas como trabajadores. Ambos fueron arrestados junto a otras 50 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública y la Seguridad Social. Tras los registros llevados a cabo en los domicilios de los principales investigados y en una de las empresas se intervinieron documentación y material informático. La operación Ralis continúa abierta y ha permitido el afloramiento hasta la fecha de 13.874 días de cotización irreales entre los trabajadores investigados.

El desfalco total causado a la Administración asciende a un total de 1.374.828,65 euros, desglosándose en 903.805 euros la deuda contraída por estas empresas a la Seguridad Social y en 471.023 euros el importe cobrado fraudulentamente en subvenciones.