La provincia de Málaga es una de las más afectadas del país en materia de ataques informáticos. Así queda reflejado en las conclusiones del informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior relativo a 2015, año en el que en Málaga se registraron 1.822 denuncias por este motivo. Esta cifra la sitúa en el séptimo puesto del ranking nacional y en el segundo andaluz que lideran Madrid (10.095) y Sevilla (2.691), respectivamente. El estudio, que aporta datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, detecta una tendencia claramente ascendente en todo el país y sobre todo en Andalucía, la comunidad que más denuncias sumó con 11.178 casos.
La progresión, siempre según el informe, se hace más patente en los últimos tres años. Sólo durante el último ejercicio, oficialmente se han conocido 60.154 hechos, un 40,5% más que hace cuatro años, de los cuales el 67,9% corresponde a fraudes informáticos (estafas) y el 16,8% a amenazas y coacciones. No obstante, los investigadores también han detectado delitos de descubrimiento y revelación de secretos relacionados con actividad sexual, daños informáticos, pornografía infantil, delitos contra la propiedad intelectual, de terrorismo y de odio.
La víctima de los delitos informáticos se caracteriza, según los datos expuestos en las diferentes tablas y gráficos, por diferentes aspectos. En efecto, se puede observar que la mayoría de las víctimas pertenece al sexo masculino (55,45%), y son objeto, principalmente, de los delitos de fraudes informáticos y amenazas y coacciones. No obstante, si se analiza la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo, las mujeres exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino en los hechos delictivos computados relativos al acceso e interceptación ilícita, contra el honor, y los delitos sexuales.
El informe también permite establecer una relación entre los rangos de edad de las víctimas y la tipología penal de la que han sido objeto. En este sentido, el fraude informático es la tipología delictiva con mayor incidencia entre los 26 y los 40 años, patrón que se observa de igual forma en los delitos de amenazas y coacciones. Además, la SEC detecta comportamientos y aspectos de interés en relación al estudio que se efectúa. Si se observan las cifras comprendidas en el grupo de víctimas menores de edad, éstas sugieren son más propensas a ser objeto de delitos sexuales.
De las 5.445 detenciones e imputaciones efectuadas en 2015, el 75,98% corresponde a personas del sexo masculino teniendo lugar, principalmente, por la comisión de fraudes informáticos y delitos de amenazas y coacciones. La mayoría de los autores de estos ilícitos penales también se encuentran englobados en el grupo de edad 26 a 40 años. Por tipología delictiva, entre los detenidos/imputados se detecta que las estafas, amenazas, la pornografía de menores y descubrimiento y revelación de secretos han tenido mayor incidencia entre el sexo masculino. También se aprecia que las estafas, amenazas, injurias y usurpación de estado civil predominan entre los responsables de sexo femenino. La mayoría de ellos son de nacionalidad española (85,7%), mientras que entre los detenidos/imputados de nacionalidad extranjera son los originarios de Rumanía, Marruecos (al igual que con las víctimas), Colombia, y Nigeria los que aglutinan mayor número de casos. Si entre los autores de delitos de entre 26 y 40 años predominan los fraudes informáticos y amenazas y coaccione, el informe detecta una alta prevalencia en la comisión de delitos de amenazas, coacciones, acceso e interceptación ilícita y delitos sexuales entre los menores de edad. En los demás grupos, son los fraudes informáticos y los delitos de amenazas y coacciones los más significativos en términos cuantitativos. La distribución territorial de los hechos ilícitos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad a lo largo del año 2015 configura a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana como las comunidades autónomas que aglutinan una mayor cifra de hechos. Por delante de Málaga destacan Madrid, Valencia, Baleares, Alicante, Sevilla y A Coruña, así como los hechos ocurridos en el extranjero pero que han afectado a personas residentes en España. El informe del Ministerio del Interior incide en que al no computarse datos de la Ertzaintza y de los Mossos d´ Esquadra, las cifras de País Vasco y Cataluña están infrarrepresentadas. Desde el punto de vista jurídico, la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por parte de las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, cuya vigencia tuvo lugar a partir del día 1 de julio del pasado año, reguló los nuevos tipos penales en el ámbito de la cibercriminalidad debido al incremento de los casos. Junto a estas modificaciones, hay que señalar que el Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo, el 28 de enero de 2003, entró en vigor en España el pasado día 1 de abril de 2015.
