Cementerio de San Rafael

El alcalde promete a las familias retirar el parque canino y proteger todo San Rafael

La superficie del antiguo cementerio, en el que fueron exhumados los cuerpos de más de 2.800 fusilados, pasará a ser acotada en su integridad – El Ayuntamiento se muestra también favorable a la construcción de un centro de interpretación

05.08.2016 | 05:00
Imagen tomada ayer de la ya famosa zona clausurada del parque canino que ocupaba parte de las antiguas fosas.

Izquierda Unida traslada el caso al Defensor

  • La viceportavoz de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, volvió a exigir ayer el traslado «inmediato y total» del parque canino de San Rafael. Además, anunció que su formación ha recurrido ya al Defensor del Pueblo Andaluz para que urja al Ayuntamiento de Málaga a acatar la ley de Memoria Histórica, que exige, entre otros puntos, la retirada de nombres de calles y plazas enaltecedoras del franquismo. Ramos recordó que su formación presentó el pasado marzo una moción, aprobada por unanimidad, en la que se alertaba de la existencia «de una zona para perros» y a través de la cual se instaba al Consistorio a intervenir y evitar cualquier tipo de invasión del espacio en el que se ubican las fosas. La edil indicó que, de momento, el Ayuntamiento sólo ha retirado una parte mínima del parque para mascotas. «No nos conformamos con eso ni nos vamos a conformar», puntualizó.

­La Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Memoria Histórica solicitó ayer formalmente al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que el antiguo cementerio de San Rafael, considerado el mayor cadalso del franquismo, aumente su protección y se convierta en un parque de la memoria, lo que implicaría la construcción de un centro de interpretación y la retirada total del perímetro de la zona reservada para el esparcimiento canino.

En una reunión mantenida en buena sintonía, y producida después de la polémica y desafortunada ocupación de las fosas por parte del área para mascotas, los miembros del colectivo insistieron en la necesidad de delimitar con claridad todo el antiguo recinto, en el que fueron exhumados los restos de más de 2.800 personas y en el que en 2014 se instaló -con forma de pirámide- un panteón conmemorativo.

Fuentes participantes en el encuentro aseguraron a este periódico que De la Torre se mostró favorable a las iniciativas presentadas por la asociación memorialista, que fija su modelo de proyecto en el tratamiento que se ha dado a espacios semejantes en otros países también víctimas del totalitarismo. La idea es que el cementerio -uno de los tres lugares de la provincia protegidos por la ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía- sirva también de conjunto histórico y pedagógico, incluyendo entre los elementos más sensibles a preservar la parte que se conserva de la tapia, que fue utilizada con frecuencia como punto del fusilamiento ignominioso de las víctimas.

El presidente de la asociación, José Sánchez, que estuvo acompañado en la reunión por el arqueólogo Andrés Fernández, responsable a su vez de las excavaciones, incidió en que tanto la entrevista como la actitud receptiva del alcalde suponen un paso más y definitivo en el restablecimiento y «la normalización» de las relaciones entre los familiares y el Consistorio, que habían quedado empañadas por el escándalo del parque canino y el uso parcial del espacio que ocupaban las tumbas.

El responsable del colectivo destacó que De la Torre estuvo de acuerdo en todo momento con la petición de acotar de manera estable la superficie del camposanto en su conjunto, ya sea a través de la colocación de una verja o de un pequeño muro. Además, también manifestó su predisposición a empezar a trabajar, con el beneplácito del resto de grupos políticos, en la construcción del parque de la memoria, que la asociación plantea alineado junto al panteón, las fosas y el resto de elementos especialmente señalados por la trágica historia del cementerio. En este sentido, la organización ha pensado en un punto cercano al mausoleo como posible emplazamiento para el centro de interpretación. «Queremos que tanto el visitante que entre por la puerta principal como el que pasee por la carretera obtenga con una sola visual el alcance de todo el proyecto y, si es posible, su significado», declaró Sánchez.

El próximo paso en San Rafael, una vez desplazada la controvertida área para mascostas, será convocar otra reunión, en esta ocasión con los grupos de la oposición, para avanzar en el análisis y diseño de las nuevas construcciones propuestas para ser incorporadas al complejo memorialístico. La asociación quiere que la iniciativa se ejecute con el mismo grado de consenso que distinguió, entre 2006 y 2009, la exhumación de las fosas. Unos trabajos en los que participaron, y sin la más mínima fricción, el Gobierno, el Ayuntamiento y la Junta. En una época, además, que se adelantó a la polémica del Congreso y la promulgación posterior de la normativa.

La protección del camposanto, más allá de la voluntad del equipo de gobierno municipal y de la declaración de la Junta, está recogida en el convenio suscrito en junio 2013 por el Ayuntamiento y la asociación de familiares de víctimas, que incluye el compromiso por parte del Consistorio de interrumpir de inmediato cualquier tipo de proyecto que pueda interferir en el perfecto reconocimiento y conservación de las fosas. El escándalo del parque canino se originó después de que el área de Urbanismo interpretara los límites de las tumbas a partir de un documento distinto al de la memoria final enviada por el colectivo, que subrayaba con precisión la ubicación de cada fosa.

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