Ley de Administración Local

Hacienda acecha a las empresas públicas deficitarias en la provincia

El Gobierno establece un ultimátum de quince días para que los ayuntamientos procedan a liquidar los entes con cuenta de rentabilidad negativa – Varios alcaldes expresan su indignación y la FAMP pide a Montoro que desista de su exigencia

05.08.2016 | 05:00
Una imagen del actual ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

­La interinidad del actual Gobierno no ha impedido que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya procedido al envío masivo de cartas a numerosos ayuntamientos repartidos por todo la geografía nacional, en las que insta a sus regidores a proceder a la liquidación de todas las empresas públicas que se encuentren en una situación deficitaria. El Ministerio basa esta exigencia en relación al cumplimiento de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que contempla la disolución automática de las entidades públicas que presentan una cuenta de rentabilidad con números rojos. A falta de conocer en los próximos días el total de empresas afectadas en la provincia, ­–el Ministerio se niega hasta el momento a hacer público un listado con todos los municipios señalados­– ya se ha conocido el primer ayuntamiento afectado en la provincia con el caso de Torremolinos, donde Montoro ha exigido que se den los primeros pasas para la disolución de la empresa municipal que explotaba el Palacio de Congresos.

El ejemplo de Torremolinos sirve para explicar el procedimiento del Ministerio que, además, se reserva adoptar medidas legales contra los alcaldes que se opongan a plegarse al cumplimiento de esta ley que fijó, en un principio, el límite para equilibrar las cuentas en todas las empresas públicas en el 1 de diciembre de 2015. De esta manera, con respecto al Palacio de Congresos, que acumuló pérdidas en los ejercicios económicos de 2013 y 2014, el Ministerio ha requerido el escrito de disolución en un plazo de quince días. La responsable de las empresas municipales en Torremolinos, Carmen García, subrayó ayer a este periódico que «no entienden la decisión de Hacienda» y que se «sienten gravemente perjudicados». «Hay que recordar, que en nuestro caso, se trata de unas cantidades ridículas», reseñó en relación a los 4.620 euros de pérdidas generadas en 2014 que ahora habrían dado lugar a la exigencia de disolución. Otro ejemplo más de empresa pública que tuvo que cerrar sus puertas en base a la imposición de Hacienda está en Vélez Málaga, donde se disolvió la Fundación de la Cultura. El alcalde de la localidad, el socialista Antonio Moreno Ferrer, después de asegurar que hasta ahora no ha recibido una misiva de Montoro, se mostró crítico con la actuación del Ministerio al entender que aminora la autonomía local de los ayuntamientos. «Creo que bastantes problemas tenemos ya las administraciones con el techo de gasto», resaltó, además de lamentar que «el actual Gobierno nos obliga a trabajar para los bancos». «Tú tienes superávit, pero no puedes gastarlo en mejorar a tu municipio», añadió el actual regidor de Vélez Málaga.

En la misma línea se expresó también el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, quién no descartó recibir una notificación de Montoro. «Hasta ahora, no nos ha llegado nada, pero es posible porque los parámetros que utiliza el Ministerio van cambiando», explicó.

Según el vicepresidente de la Junta Andalucía y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, esto sólo es un preludio de una amplia oleada de peticiones a ayuntamientos para que cierren empresas municipales. «El Gobierno de Rajoy pretende obligar a los ayuntamientos a que cierren instrumentos públicos tan importantes como empresas deficitarias en la sanidad, la educación o la prestación de servicios como el agua», dijo. Jiménez Barrios, que cuestionó la legitimidad de un Gobierno en funciones a la hora de emprender acciones con consecuencias de sumo calado, le pidió a Montoro que se preocupe por «financiar adecuadamente a los ayuntamientos que han cumplido sobradamente con su objetivo de déficit».

Este asunto tomó más relevancia aún con las declaraciones del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos. Éste apeló al «sentido común» e instó a Montoro a «frenar de inmediato» el envío de cartas. «Las administraciones públicas no podemos aspirar a conseguir beneficios económicos porque nuestro objetivo es garantizar servicios básicos, y velar por que todos los vecinos reciban el mismo trato y tengan la misma calidad de vida», sentenció.

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