Son dos los grandes problemas que rodean a la realidad canina en la ciudad de Málaga. Por un lado, el abandono de perros, y por otro las quejas de los ciudadanos por los excrementos en la calle. Por ello, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la realización de un censo canino obligatorio basado en el genotipado, o análisis de ADN, de cada uno de los perros, que tiene un coste de 30 a 35 euros. En total suman cerca de 100.000 en toda la ciudad, sin contar los no censados o los que no se han dado de baja tras fallecer.

Con esta prueba se conseguirá «prácticamente la eliminación del abandono y del maltrato de animales en la ciudad de Málaga», informó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. El objetivo es poder localizar directamente a su propietario cuando incurra en este tipo de delito recogido en el Código Penal. Esta medida también permite identificar al propietario cuando su animal de compañía deja excrementos en la vía urbana. «Es una de las quejas fundamentales que tenemos en la ciudad, así se podrá establecer una sanción leve como haría cualquier agente de la autoridad». Una vez realizada la muestra de ADN, el veterinario entregará al usuario una chapa identificativa con una matrícula. La norma establece un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ordenanza.

Otro de los grandes puntos se traslada a la idea de sacrificio cero en centros zoosanitarios: recomiendan la esterilización de todos los perros y gatos de la ciudad para evitar camadas no deseadas. La prueba de ADN también aporta una ventaja en este punto, ya que al bajar el número de abandonos, se reducirá el número de sacrificios en estos centros. También se llegarán a acuerdos con asociaciones, protectoras y entidades relacionadas con el bienestar animal para aumentar el número de adopciones. «Sería deseable que no se pudieran vender animales», afirmó, pero esa competencia se escapa al Ayuntamiento, por lo que han tratado de mejorar las condiciones de estos animales en dichos establecimientos.

«Le hemos dado una vuelta», el acceso a los animales de compañía estará permitido a establecimientos públicos, incluyendo hoteles, restaurantes, bares o tabernas; siempre que el local no muestre visible desde su exterior una prohibición expresa, previa autorización administrativa por el órgano competente. Será solo una la excepción: locales dedicados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, en la que queda prohibida la entrada de animales de compañía en todos los casos. En lo que se refiere al transporte público, los poseedores de animales de compañía podrán acceder con ellos a la EMT o al Metro de acuerdo con las normas y procedimientos acordados por dichas empresas. En el caso de los taxis, sus titulares podrán aceptar la presencia de las mascotas de forma discrecional.

Estas medidas se incluyen en la nueva Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos. El principal concepto renovado en esta normativa se encuentra en que la anterior Ordenanza regulaba las normas de cómo tener animales; ahora pasa a analizar cómo proteger el bienestar de estos. «Queremos convertirnos en la ciudad amiga de los perros», concluyó Jiménez.