Fumar, bañarse con bandera roja o pescar sin permiso sale caro

­Fumar en la playa puede costar 450 euros y bañarse con bandera roja unos 1.500 en Gran Canaria. No controlar al perro en Ibiza hasta 3.000 y pescar sin permiso en Valencia hasta 90.000, pero sin una legislación estatal todo depende del último bando municipal o del organismo competente. La ausencia de una ley nacional y el exceso de normas locales puede convertir la visita a la playa en una aventura para los turistas que desean acampar, practicar nudismo o reservar sitio con la sombrilla, ya que deben estudiar las ordenanzas municipales para saber qué pueden hacer y qué no. Pese a la existencia de una Ley de Costas para toda España, hay «lagunas legales» que emplean CCAA con determinadas competencias -como Andalucía y Cataluña-, ayuntamientos e incluso diputaciones y mancomunidades para introducir sus propias regulaciones, según Antonio Reina, letrado experto en esta legislación. Reina lamenta el «exceso de normativa reguladora» porque conduce a un constante choque competencial: «es absurdo que las playas de un municipio dispongan de una norma y, en las del al lado, se aplique otra diferente». Según informaciones recabadas por las delegaciones de la Agencia Efe, en el litoral existen numerosas playas acotados para los perros: Casares y La Cala del Moral (Málaga), Bocabarranco (Las Palmas), Figueretas (Ibiza), El Rinconín (Asturias), Llevant (Barcelona)... La mayoría exige llevar atado al perro, portar su documentación, recoger sus excrementos y responsabilizarse en caso de desperfectos. Sin embargo, su presencia puede afectar a la calidad del lugar, como ha sucedido en Pinedo (Valencia), que acotó una zona para canes y le ha supuesto perder la bandera azul. «Comprendo a los dueños de mascotas pero no están permitidas formalmente en toda la costa española durante las 24 horas del día por motivos sanitarios», advierte Antonio Alcedo, presidente de la Asociación Profesional de Playas y Medio Ambiente, ya que, por ejemplo, «la combinación de orines de perros con temperaturas elevadas provoca la aparición de pulgas». Pese a las regulaciones locales, la Ley de Costas «no permite la exclusividad y determina que la playa es libre y gratuita», por lo que destinar áreas específicas para animales, así como para nudistas, militares, homosexuales o cualquier otro colectivo supone una «privatización parcial» que incumple esa norma. Ocupar la primera línea de playa con sombrillas y toallas tampoco es legal: nada impide ir a primera hora, pero no se puede reservar sitio y el bañista debe permanecer junto a sus pertenencias. «Las playas no tienen dueño, no se paga por acudir y no se pueden privatizar bajo ningún concepto, son de todos los españoles», recalca.