Más de 10 millones de euros. Es el dinero que la Seguridad Social reclama a beneficiarios de la provincia de Málaga en pagos indebidos. Así lo refleja un informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del INSS.
Esta investigación, que se basa en datos del año 2014, recoge que en el caso de la provincia el saldo de los deudores es de 10.580.000 euros, lo que supone un 3,3% del total nacional, que asciende a más de 329 millones de euros. Málaga se sitúa así como la sexta provincia con más beneficiarios que han cobrado de más en algunas de sus prestaciones, sólo superada por Madrid, Barcelona (con más de 41 millones cada una), Valencia, Alicante y Sevilla.
El informe del Tribunal de Cuentas indica que una prestación indebidamente percibida consiste en la percepción de pagos tras extinguirse o modificarse el derecho a su cobro por causas múltiples, ya sea que su situación económica había mejorado y no tenían ya derecho a ayudas, que estaban cobrando dos pagos a la vez o incluso que la persona beneficiaria de este dinero ya había fallecido, pero seguía recibiendo su pensión. De hecho, desde el año 2008, el Instituto de la Seguridad Social efectúa dos tipos de comprobaciones periódicas para detectar perceptores de pensiones que hubiesen fallecido: una diaria, con la información que le remite la Ministerio de Justicia y otra mensual, con los datos recibidos del INE, según aclara el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el organismo resalta en sus conclusiones que ha procedido a cruzar el histórico de fallecimientos registrados desde 1987 hasta agosto de 2015 en el país con la nómina de pensiones de diciembre de 2014 y octubre de 2015, con un resultado que indica que 29.321 pensionistas con pensiones por importe de 25,3 millones de euros mensuales figuran como fallecidos según la información del INE.
Aunque el Gobierno en funciones se apresuró en negar los datos de Cuentas, el tribunal asegura que esas casi 30.000 personas contabilizadas al cierre de 2014 aún eran unas 29.000 en octubre del año pasado, de modo que este problema de gestión no se había solucionado.
El Tribunal de Cuentas hace hincapié también en una aparente falta de criterio entre las distintas direcciones provinciales del INSS ante casos iguales o similares.
Las pensiones suponen en España más del 95% de las prestaciones que se pagan, siendo mínimo el porcentaje que ocupan otras ayudas como las de incapacidad, de maternidad o de protección familiar.
Pese a la labor fiscalizadora que puede llevar a cabo la Seguridad Social, siempre queda una cantidad de ayudas de más no localizadas, unas prestaciones infladas que incluso se alargan en el tiempo y terminan prescribiendo, es decir, son cantidades que se asume que no se van a recuperar. En el caso de la provincia de Málaga, este montante asciende a 1.685.000 euros, un 16% de la cantidad total. Este dinero corresponde a 30 casos detectados, lo que hace que Málaga sea la que más casos suma de España, con un 12% del total nacional en importe prescrito.
Incidencias
El TC pone de manifiesto en su informe, a modo de ejemplo, que hubo casos en los que no se reclamó el dinero hasta dos años después de detectarse el fraude. En este punto cita en concreto el caso de los llamados complementos a mínimos de las pensiones, que se pagan precisamente cuando el importe de una pensión no llega a un mínimo que permita vivir al beneficiario. Y ocurre que hubo quienes mejoraron sus ingresos hasta el punto de no tener derecho a recibir ese complemento, que, sin embargo, siguieron percibiendo: «Se está reclamando lo percibido indebidamente en concepto de mínimos con dos años de retraso».
Una incidencia que además de poder desembocar en la prescripción del derecho a reclamar implica «un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, dado que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar del complemento en los casos de reincidencia».
Además, el Tribunal de Cuentas también revela que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no dispone, o cuando menos no disponía hasta la fecha de redacción del informe, de un manual interno que indique los pasos a seguir para recuperar estas cantidades pagadas indebidamente y que prevea «aspectos como los criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación y fuentes de datos disponibles, entre otros».
