La actualidad política arrancó ayer en Málaga no con un acto, como se podría esperar desde la víspera, fuertemente marcado por una agenda que se vuelca en estos días con el desarrollo más o menos cívico de la Feria, sino que congregó a los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento frente a un pleno extraordinario que abordó una modificación de los presupuestos municipales por partida doble y con efectos de suma importancia para la ciudad.

El acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, escenificado solemnemente en la previa a la celebración de la sesión monográfica, sirvió a la postre para sacar adelante una modificación de las cuentas que asciende hasta casi 80 millones de euros y que, además de una batería de medidas para acometer mejoras en las infraestructuras de los barrios, prevé también una inyección de casi 18 millones de euros en Limasa para comenzar a aminorar la deuda que acumula la empresa de limpieza a las puertas de su futura liquidación.

Mucho se ha especulado a estas alturas del mandato, cuando ya ha pasado el ecuador de los doce meses desde que De la Torre logró arrancarle el apoyo a Ciudadanos para su investidura, sobre su rivalidad, ficticia o, como mínimo, de puertas para dentro, con Juan Cassá. Cuando en la retina aún perdura el vendaval generado por el voto de Ciudadanos en contra del hotel de Moneo, ambos líderes comparecieron de forma conjunta para anunciar un acuerdo basándose en la necesidad, así lo comunicaron, de anteponer el avance de la ciudad ante las rencillas partidistas. A cambio del consenso, al menos de ello presumió Cassá, la formación naranja logró arrancar al equipo de gobierno un paquete de 26 medidas que están llamadas a completar las mejoras anunciadas ya por el equipo de gobierno en los diferentes distritos de la capital.

«Hemos abordado puntos que están dentro del acuerdo de investidura y que son económicamente sostenibles y están enfocados al ahorro energético», resaltó el alcalde sobre algunos proyectos, entre los que destaca impulsar el plan especial de reforestación para el monte de Gibralfaro, que asciende a los 5 millones de euros; la redacción de un proyecto para remodelar los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, con 66.913 euros; y reducir el tráfico y dar más espacio al peatón en Ancha del Carmen.

Por su parte, Cassá aprovechó el acuerdo para subrayar la posición de responsabilidad que ostenta su formación en su acción de gobierno. «Volvemos a marcar la diferencia en el Ayuntamiento», llegó a decir Cassá. En este sentido destacó que «frente a los partidos del no permanente, que anteponen sus siglas al interés de la ciudad, nosotros somos el partido de la negociación», además de recordar de forma insistente que «votamos y decidimos tras estudiar, tras analizar, tras negociar y exigir mejoras».

Las dos modificaciones, en concreto la segunda y la tercera del actual mandato, establece en primer lugar una modificación de créditos que alcanza un importe de 60 millones de euros, dentro de la que se incluye a su vez la partida reservada para equilibrar las cuentas de Limasa. De igual modo, también salió adelante el tercer expediente, que incluye la batería de inversiones que De la Torre tildó de «financieramente sostenibles». En esta partida, unos 13 millones de euros irán a parar a la Gerencia Municipal de Urbanismo que, a su vez, será la encargada distribuir las inversiones. Entre otros puntos, destacan la renovación de la calle San Juan y el proyecto de rehabilitación del conjunto monumental de Berrocal por 450.758 euros.

La decisión adoptada ayer en la sesión monográfica levantó las críticas entre el resto de formaciones, coincidiendo PSOE, IU y Málaga Ahora en la supuesta improvisación y falta de transparencia del acuerdo. La portavoz del PSOE, María Gámez, después de que su formación se abstuviera en la primera modificación y aprobara la segunda, se lamentó de los «mecanismos y el modo de cómo se ha gestionado la modificación». Además, advirtió de que se trata de una contención de gastos camuflada.

Eduardo Zorrilla, portavoz de IU, que ha votado en contra en ambas, lamentó que «lo que debe de ser una excepeción se convierta en regla», además de criticar la «falta de previsión». Por su parte, Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, exigió «explicaciones más claras».