La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto reunirse la próxima semana con la Asociación de Empresarios de Establecimientos de Playas de Andalucía (Faeplaya) con vistas a «poner en común» los análisis realizados por una y otra parte y abordar la incidencia y alternativas tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que tumba un artículo del Reglamento de Costas que hace referencia a los establecimientos de playas, un encuentro que se celebra «siempre bajo la premisa de culminar cuanto antes el proceso de renovación de las concesiones de los chiringuitos».

Fuentes de la Consejería informaron que el pasado 1 de agosto, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, mantuvo una reunión en Málaga con los representantes de la asociación de empresarios de playa Faeplaya.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y en ella estuvieron presentes, además del consejero, el delegado del Gobierno, el director general de Prevención y Calidad Ambiental, representantes de la dirección territorial d la Consejería, así como el presidente de Faeplayas, Norberto del Castillo, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, Manuel Villafaina.

Las fuentes precisaron que en aquel primer encuentro «se asumió el compromiso de analizar la incidencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la Disposición Transitoria 26ª del Reglamento de la Ley de Costas, que aún no se ha hecho pública».

Para ello, ambas partes acordaron mantener una reunión de trabajo la próxima semana entre los servicios técnicos de la Consejería y los de Faeplaya, para «poner en común» los análisis realizados por una y otra parte de la situación, «siempre bajo la premisa de culminar cuanto antes el proceso de renovación de las concesiones de los chiringuitos», indicaron fuentes de la Junta.

Las fuentes resaltaron que estos encuentros «van en la línea de mutua colaboración en la que Junta y empresarios llevan trabajando desde la asunción de la gestión de estas competencias por la Administración andaluza».

Ya a inicios de agosto, el consejero de Medio Ambiente apuntaba que se buscarían «los mecanismos que impidan que pueda haber ninguna paralización» o «que ésta sea lo menos importante posible».

Así, ya se apuntó entonces que los servicios jurídicos de la Junta y los de los sector mantendrán una reunión para «buscar los mecanismos que impidan que pueda haber ninguna paralización» o «que ésta sea lo menos importante posible».