­El consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, insistió ayer en la necesidad de que la mesa de trabajo del sector -integrada por los empresarios y por los representanes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- consiga resolver el galimatías jurídico que envuelve a los chiringuitos y devolver la «seguridad» a una actividad que considera «muy importante» por su capacidad para generar empleo y su arraigo identitario en la cultura de playa de Andalucía.

Fernández indicó que el calendario de encuentros, iniciado el pasado abril, se enfrenta ahora al reto añadido de encontrar «cuáles son los instrumentos y herramientas» más idóneos para sortear el problema de la sentencia del Supremo, algo que considera factible, pero siempre, en un clima presidido por «mucha colaboración y diálogo».

En su comparecencia con los periodistas de Málaga, el consejero hizo un voto de confianza por su colega José Fiscal, titular del Medio Ambiente, del que destacó su voluntad para trabajar en la búsqueda de la mejor de las soluciones posibles. Fernández ensalzó el peso de los chiringuitos y su aportación a un sector turístico como el de Málaga, donde, insistió, representan un elemento de singularidad y con gran atractivo para todo tipo de clientes.

Las competencias relativas a los establecimientos que ocupan las playas pasaron a manos de la Junta de Andalucía en 2011 y en mitad de una sonora polémica que enfrentó a los empresarios con la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. La decisión de dejar buena parte de las tramitaciones bajo el arbitrio de la administración autonómica fue aplaudida inicialmente por el sector, que, sin embargo, ahora lamenta que la transferencia no fuera acompañada de más recursos. Especialmente, en lo que se refiere a personal técnico especializado.