Suponen, por derecho propio, la principal novedad de este verano. Nunca antes, y menos desde que el Gobierno decidiera dejar su regulación en mano de las autonomías, habían enfrentado la temporada con la tranquilidad de trabajar bajo el consuelo de pertenecer a un marco jurídico y fuera del escarnio y la sospecha permanente del resto del sector. El decreto de la Junta que regula a las viviendas turísticas ha supuesto la entrada oficial en escena de miles de alquileres de cuyo funcionamiento todos tenían constancia, pero de los que no existía una certeza contable para la industria y para la administración.

Hasta hace apenas unos meses, todo eran cálculos y especulaciones. Se sabía -y sólo hace falta darse una vuelta por ciudades como Málaga para comprobarlo- que lo de los pisos turísticos era un fenómeno en expansión. Sin embargo, la falta de abrigo legislativo envolvía las cuentas de una forzosa opacidad. Ahora, y aunque todavía quedan muchas referencias por aclarar su situación con la Junta, las sensaciones son otras. Y los números que empiezan a salir a la luz dan la razón a los que advertían del dinamismo y la rentabilidad con la que se han acomodado este tipo de arrendamientos en la Costa del Sol.

A falta de cerrar los resultados finales, el sector puede presumir, en su primer verano con reconocimiento legal, de haber respondido, y sobradamente, a las expectativas. La ley, además de funcionar como un amenaza de efecto disuasorio para los que habían llegado al sector al calor del dinero fácil, en la mayoría de los casos sin garantías ni calidad, ha animado a muchos propietarios y gestores a salir de la clandestinidad, que era precisamente lo que demandaban los profesionales. Entre otras cosas, para sacarse de un plumazo del entorno a piratas y arribistas, que representaban, principalmente para el propio mercado, un tipo de competencia desleal. Con las reglas del juego ya, al fin, sobre la mesa, los primeros números que asoman dejan entrever la fuerza del alquiler vacacional. Especialmente, en lo que respecta a la demanda y la ocupación.

Según el portal especializado Vacaciones-España.es, que agrupa en la Costa del Sol más de 2.000 ofertas, las reservas han funcionado en julio y en agosto por encima del 80%. Se trata de una cifra que entronca con la que manejan los hoteles y los apartamentos y que atestigua, en su escala, mucho más modesta, que los pisos turísticos han llegado al momento de incardinarse en la ley con una estructura consolidada, lejos de las modas peregrinas y las tendencias de rápida combustión que a menudo aparecen en la industria.

Al igual que ocurre con el resto de la oferta de alojamiento, el alquiler vacacional también se hace eco de las buenas perspectivas con las que se aviene septiembre. Un mes para el que la provincia ya tiene comprometidas más de la mitad de sus plazas. Jannich Petersen, director de operaciones de la web, insiste en que la irrupción del subsector no debería suponer un motivo de preocupación para el negocio hotelero, sino una oportunidad para ampliar y mejorar el conjunto de la Costa del Sol. «Los datos demuestran que la demanda se complementa muy bien con la del resto de alojamientos reglados», puntualiza.

En el primer trimestre de vigencia de la ley andaluza que regula la vivienda turística, son casi 11.000 los propietarios de Málaga que han iniciado los trámites con la Junta para darse de alta en la actividad. El dominio, en este sentido, de la provincia es apabullante, concentrando casi el 60% del total de expedientes de la comunidad.