Casi un año ha durado su fuga, pero lo bueno se ha acabado. El guardia civil al que se piden 55 años de prisión por su participación en una trama de narcotráfico, por la que también fue arrestado el jefe de la unidad antidroga del Instituto Armado, fue detenido a finales de agosto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Cancún (México), donde habría pasado los últimos doce meses o, al menos, desde que se detectó su fuga, a mediados de septiembre pasado, justo cuando debía empezar el juicio contra los cuarenta acusados -hay siete agentes de la benemérita encausados-.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, al darse cuenta el lunes, 14 de septiembre de 2015, de que este acusado, a quien se le piden 55 años de prisión, emitió una orden de busca y captura internacional. Fuentes oficiosas explicaron en su día que temían que este acusado hubiera realizado gestiones para obtener un pasaporte, algo en lo que habría tenido éxito a tenor de su fuga en Cancún.

Su huida obligó a suspender el juicio, en el que había cuarenta acusados. De cualquier forma, está considerado el supuesto cabecilla de la trama. Ahora tendrá que ser juzgado por separado, puesto que la macrocausa está a punto de tener sentencia en los próximos días, tras celebrarse durante casi un año el juicio.

El exjefe del Equipo de Delincuencia Económica Organizada y Antidroga (EDOA), por su parte, se enfrenta a más de treinta años de prisión por revelación de secretos, inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales.

El fiscal cree que el huido y su superior participaron en dos operaciones contra el tráfico de drogas en las que contactaron con personas relacionadas con bandas organizadas para robar alijos de sustancias estupefacientes de forma que sus socios se quedaran una parte del cargamento. Ello se desprende fundamentalmente de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente por parte del juez de instrucción.

En su escrito provisional, la Fiscalía acusaba a cuarenta personas por dieciséis hechos delictivos diferentes. Así, el ministerio público describía operaciones contra el narcotráfico en Málaga y Marbella. El acusador creía que el huido colaboraba con personas de redes que introducían droga desde Marruecos, dando «cobertura y seguridad», mientras que respecto al teniente, señalaba que tenía contactos con confidentes y lo acusaba de avisar de investigaciones de otros cuerpos policiales.

En este caso, está personada la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que implica en los hechos a un antiguo capitán del cuerpo.